COLOMBIA, 7 de septiembre de 2026. La senadora María Fernanda Cabal solicitó formalmente a la Corte Constitucional que seleccione su caso para revisión en relación con sus declaraciones sobre el genocidio de la Unión Patriótica (UP). La petición se produce luego de que Cabal tuviera que retractarse públicamente por comentarios que negaban la participación estatal en el exterminio de esta agrupación política, en cumplimiento de órdenes judiciales previas.
El antecedente de este proceso surge de una entrevista realizada por La Silla Vacía en octubre de 2025, en la cual Cabal negó que agentes estatales hubiesen participado en el genocidio de la UP. Estas afirmaciones fueron denunciadas por la Defensoría del Pueblo, que consideró las expresiones como un discurso estigmatizante y un factor en la afectación de las víctimas de esta organización.
Tras la presentación de una tutela por parte de la Defensoría, el Juzgado 45 Civil Municipal y el 58 Civil del Circuito de Bogotá negaron una impugnación por parte de Cabal y ordenaron que realizara disculpas públicas. En respuesta, la congresista publicó un video acatando la orden, aunque afirmó que continuará defendiendo su derecho a la libertad de expresión política y presentó la solicitud de revisión ante la Corte Constitucional para impugnar las decisiones en su contra.
Argumentos de la senadora y contexto jurídico
Cabal fundamenta su solicitud en la defensa de la libertad de expresión, citando referentes internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y su papel como piedra angular de la democracia. Además, argumenta que impedir un debate posterior sobre la historia mediante decisiones judiciales contradice los principios de un Estado democrático.
Cabe destacar que, en julio de 2022, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable al Estado colombiano por el exterminio de la UP desde 1984 y durante más de dos décadas, ordenando medidas reparativas y de memoria para las víctimas. Esta sentencia reconoce la participación estatal, así como la responsabilidad de grupos paramilitares en los hechos, y ha sido respaldada por diversas instancias nacionales como la Fiscalía, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica.
Implicaciones y próximas etapas
La revisión por parte de la Corte Constitucional es la última instancia para definir la línea jurisprudencial del caso y eventualmente dejar sin efecto o confirmar las sentencias de tutela previas. Este proceso es clave para clarificar los límites entre la libertad de expresión política y la protección de la memoria histórica y los derechos de las víctimas.
La controversia también ha generado un debate público sobre la responsabilidad en el exterminio de la Unión Patriótica y el respeto por los derechos de las víctimas, en un contexto donde la justicia y la memoria histórica son temas sensibles en Colombia. La senadora Cabal continúa defendiendo su postura en los ámbitos constitucionales, mientras que organizaciones de víctimas y defensores de derechos humanos mantienen la postura sobre la certeza probada de la participación estatal en dichos hechos.
Esta información fue recopilada y verificada con base en la publicación del 5 de septiembre de 2026 realizada por La Silla Vacía.
Redacción ColombiaPrensa
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