COLOMBIA, 14 de octubre de 2026. Miles de colombianos llevaron a cabo este miércoles el primer paro nacional contra el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella, en una jornada de manifestaciones que reunió a diversos sectores sociales y políticos en varias ciudades del país. Esta movilización se produjo un día después de la firma del controvertido Decreto de Protesta Social por parte del Ejecutivo.
La protesta contó con la participación de sindicatos, docentes, estudiantes universitarios, comunidades indígenas, colectivos LGBTI y el partido político Pacto Histórico, entre otros. Las manifestaciones se desarrollaron en al menos diez ciudades, con concentraciones principales en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Manizales, Bucaramanga y Cúcuta, evidenciando una amplia convocatoria en contra de las políticas del nuevo Gobierno, instalado hace dos meses.
Este primer paro nacional expresó demandas concretas en ámbitos laborales, educativos, económicos, sociales y territoriales. Además, reflejó el rechazo generalizado de diversas organizaciones civiles frente a las iniciativas y promesas del Gobierno, identificadas por los manifestantes como propias de un sector ultraderechista. Entre las críticas se incluyeron temas como las limitaciones al aborto, presunto desconocimiento de asociaciones indígenas, recortes presupuestarios y la adopción del nuevo Decreto de Protesta Social.
En Bogotá, la movilización central se articularon cuatro marchas que convergieron en la Plaza de Bolívar, la principal concentración ciudadana, donde no se reportaron incidentes mayores hasta el cierre de esta información. De manera simultánea, cientos de personas se movilizaron en otras capitales regionales portando pancartas con demandas laborales, banderas nacionales e internacionales, y consignas dirigidas tanto al Gobierno nacional como a Estados Unidos, país con el que se ha señalado una estrecha relación diplomática.
El senador Wilson Arias, vocero del Pacto Histórico, resaltó a medios de comunicación que esta protesta responde a la preocupación por los ajustes presupuestales anunciados a instituciones como el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) y la Agencia para la Reincorporación de Excombatientes (ARN), junto con la eliminación de subsidios en servicios públicos para zonas como el Caribe.
De igual manera, un estudiante de Derecho de la Universidad Pedagógica Nacional calificó el momento como clave para defender los derechos humanos, la educación pública y el respeto por la vida, además de denunciar lo que calificó como un gobierno de carácter “fascista”. El expresidente Gustavo Petro se sumó brevemente a la movilización en Bogotá y manifestó, a través de la red social X, su respaldo a los manifestantes con la frase: “El pueblo no se rinde, carajo”.
Controversia por el Decreto de Protesta Social
Las manifestaciones coinciden con la vigencia del Decreto 1525 de 2026, firmado por el presidente De la Espriella, que ha generado debate al establecer nuevas regulaciones para las protestas sociales en Colombia. Si bien el decreto resalta el diálogo entre autoridades y manifestantes, establece que dicho diálogo no es un requisito previo para las intervenciones individuales cuando se presenten actos violentos.
El presidente ha manifestado que la protesta pacífica es un derecho constitucional, aunque ha puntualizado que esta no debe traducirse en agresiones, destrucción de bienes, amenazas a trabajadores o impedimentos para el tránsito de ambulancias y servicios de emergencia.
Para Iván Cepeda, líder opositor, este decreto podría utilizarse para intimidar a los manifestantes, fomentando el miedo ante posibles acciones violentas por parte de la Fuerza Pública. Por su parte, Gregorio Eljach, procurador general de Colombia, destacó que la protesta social es un derecho fundamental que debe cumplirse dentro de límites que garanticen la paz y el orden público.
Movilizaciones continuas y perspectivas
Durante las últimas semanas, diferentes sectores sociales han expresado su descontento mediante diversas manifestaciones en Bogotá, incluyendo protestas culturales contra los recortes presupuestarios, marchas feministas por el derecho al aborto y movilizaciones en solidaridad con Palestina.
Fuentes sindicales indicaron que se está organizando un calendario de movilizaciones para mantener la presión política frente al Gobierno durante los próximos dos meses, con la posibilidad de que se convoque a una huelga general en noviembre, en caso de que las demandas no sean atendidas.
Este primer paro nacional refleja la tensión que persiste en el país y la disposición de diversos sectores para manifestarse frente a las políticas del Ejecutivo, en un contexto marcado por la aplicación de nuevas normas para la regulación de las protestas y un ambiente político polarizado.
Redacción ColombiaPrensa
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