COLOMBIA, 5 de octubre de 2026. El ministro de Justicia, Iván Cancino, confirmó los recortes presupuestales para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) previstos en el proyecto de presupuesto de 2027 e instó a la entidad a que ajuste sus gastos acorde a esta nueva realidad financiera. Durante una rueda de prensa, Cancino rechazó las críticas que interpretan la reducción de recursos como un ataque contra el órgano de justicia transicional.
El funcionario recordó que el país enfrenta una situación de restricción fiscal que afecta a diversas instituciones públicas y llamó a la prudencia tanto de la JEP como de la comunidad internacional para no sobredimensionar el impacto del recorte. En este sentido, resaltó que otras entidades estatales también han tenido que realizar ajustes por limitaciones presupuestales y destacó que la JEP nunca ha ejecutado el total de los recursos asignados en años anteriores.
Iván Cancino señaló que debido a que la JEP surge de una fracción del Acuerdo de Paz cuyo término está próximo, es necesario que la jurisdicción revise sus necesidades y realice un esfuerzo por adaptar su funcionamiento a las condiciones actuales. “Es momento de que dejen de quejarse y actúen de acuerdo a las consecuencias y la realidad fiscal del país”, enfatizó el ministro.
El proyecto de presupuesto para 2027, radicado por el Gobierno, contempla una asignación para la JEP de 84.633 millones de pesos, cifra que representa un recorte de aproximadamente 41.200 millones frente a los 125.833 millones que la entidad había solicitado como necesarios para su operación el próximo año. La JEP ha alertado que esta brecha puede afectar el desarrollo adecuado de sus labores judiciales, la seguridad de los comparecientes y la ejecución de medidas de reparación a las víctimas.
La jurisdicción transicional señaló la importancia de contar con un presupuesto adicional de 170.000 millones de pesos para garantizar audiencias en territorios, representación judicial, protección de testigos y la intervención de especialistas. También resaltó que atiende solicitudes de satisfacción de derechos de más de 16.000 víctimas individuales y cerca de 450 colectivos, que agrupan a más de 830.000 personas acreditadas ante la JEP.
En 2025, la JEP recibió una de las mayores asignaciones dentro del sector justicia, con una ejecución presupuestal del 96,8%. Asimismo, destacó que entre 2024 y julio de 2026 llevó a cabo medidas administrativas que resultaron en ahorros por más de 21.500 millones de pesos.
La JEP también aclaró que no ha planteado una extensión más allá de los 15 años de vigencia establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2017, respondiendo a rumores sobre una posible ampliación.
Reacciones internacionales y contexto
En medio de las controversias por el recorte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió al Gobierno colombiano garantizar los recursos para el Sistema Integral de Paz, que incluye a la JEP, durante la conmemoración de los 10 años del Acuerdo de Paz de 2016. Türk señaló que la justicia transicional requiere respaldo sostenido para cumplir con la verdad, la reparación y la búsqueda de personas desaparecidas, aspectos esenciales para las víctimas.
El representante de la ONU enfatizó la importancia de que el sistema continúe implementándose plenamente para preservar los compromisos adquiridos y atender las demandas de quienes se vieron afectados por el conflicto armado.
La reducción presupuestal se sitúa en un contexto fiscal limitado para Colombia, por lo que el Gobierno ha planteado la necesidad de ajustes en varias entidades. Desde el Ministerio de Justicia, Iván Cancino resaltó la importancia de que la JEP y otras instituciones adapten sus operaciones de acuerdo con los recursos disponibles, buscando garantizar la eficiencia y continuidad de sus funciones sin comprometer el cumplimiento de sus responsabilidades.
Redacción ColombiaPrensa
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