COLOMBIA, 7 de septiembre de 2026. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, se pronunció en respuesta a las recientes críticas formuladas por la Defensora del Pueblo, Iris Marín, respecto a la exhibición pública de cuerpos de personas fallecidas durante operaciones militares contra grupos armados ilegales. La Defensora emitió un video en redes sociales en el que expresó su preocupación por la forma en que el Estado muestra estos resultados operacionales, subrayando que “el Estado y el Gobierno no pueden entrar en una competencia por demostrar quién puede ser más cruel”, y recordando que la actuación estatal está limitada por la dignidad humana incluso en contextos de conflicto.
Iris Marín afirmó que “enfrentar militarmente a los grupos armados ilegales y proteger a la población es un deber constitucional”, pero enfatizó que la dignidad humana no desaparece con la muerte y que la utilización de los cuerpos como símbolos de poder estatal no debe normalizarse, ya que puede transmitir mensajes de dominación y humillación contrarios al respeto de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario.
En contraste, el ministro Rodrigo Lara defendió el accionar del Estado en estos contextos y manifestó su respeto y valoración por la Defensoría del Pueblo como una aliada institucional en la protección de víctimas y derechos fundamentales. Sin embargo, cuestionó que la Defensora haya equiparado al Estado con las bandas narcoterroristas en términos de crueldad, afirmando que dicha comparación es equivocada y que el Estado cumple un deber constitucional de combatir a los criminales que amenazan la seguridad de amplias regiones del país.
Lara añadió que el gobierno busca erradicar la política de “Paz Total”, la cual, según él, permitió la entrega de poblaciones enteras a la tiranía y al terror de grupos criminales, lo que implica un cambio en la estrategia estatal para recuperar el control y la seguridad.
En sus declaraciones públicas, el ministro llamó a la Defensoría del Pueblo a mantener su voz firme en la lucha contra quienes recurren a prácticas como el uso de drones para atacar, el reclutamiento de niños y la imposición de terror a la población civil, destacando la necesidad de colaboración institucional para enfrentar dichos fenómenos.
Por su parte, en la mañana del 7 de septiembre, Iris Marín respondió al ministro Lara, dejando constancia de su confianza en que el Presidente y el Gobierno nacional puedan reflexionar sobre la forma de comunicar los resultados de las operaciones militares. Asimismo, reiteró la urgencia de avanzar en el seguimiento de las alertas tempranas en zonas priorizadas, en concordancia con acuerdos recientes entre ambas entidades.
Finalmente, la Defensora destacó la importancia de mantener la alianza y colaboración institucional para hacer frente al diagnóstico crítico planteado sobre el uso de drones, reclutamiento de menores, expansión territorial de grupos armados, desplazamientos forzados y demás crímenes que afectan los derechos humanos y vulneran la dignidad de las personas en el marco del conflicto armado y la criminalidad organizada.
Este intercambio entre el Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo refleja las tensiones existentes en el manejo de la comunicación gubernamental sobre los resultados de la política de seguridad y defensa, especialmente en lo relativo al respeto de los derechos humanos y la representación pública de las operaciones contra el crimen organizado.
La polémica se enmarca además en un contexto en que el abogado y presidente Abelardo de la Espriella ha ganado atención pública en medio de los anuncios sobre el combate a grupos armados ilegales después de la muerte de alias “Bendito Menor” y situaciones relacionadas con menores en bombardeos, un tema sensible y en discusión en el país.
La fuente principal de esta información es Red+ Noticias, medio que ha divulgado las declaraciones oficiales y las reacciones de los funcionarios públicos involucrados.
Redacción ColombiaPrensa
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