COLOMBIA, 10 de agosto de 2026. Gustavo Petro enfrenta una nueva acción judicial ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por publicaciones difundidas en redes sociales durante los últimos días de su mandato. La denuncia fue presentada formalmente por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez penal José Alejandro Hofmann, quienes solicitaron investigar si las declaraciones públicas del exmandatario configuraron conductas punibles relacionadas con instigación para delinquir.
En el documento elevado a la mencionada comisión se indica que varios mensajes difundidos mediante plataformas digitales habrían promovido la creación de grupos denominados “guardias libertadoras” por parte de movimientos estudiantiles, campesinos e indígenas. Los denunciantes argumentan que estas incitaciones buscan desafiar el orden constitucional y alterar la estabilidad del Estado, obstaculizando el normal desarrollo del periodo institucional mediante la resistencia en áreas urbanas.
Los promotores de la denuncia destacaron que la principal difusión de estas consignas provino de la cuenta verificada del exmandatario en la red social X (antes Twitter). Subrayaron que el alcance masivo y la influencia política de la figura emisora podrían incrementar la capacidad de movilizar conductas ilícitas.
El juez José Alejandro Hofmann sustenta la acción judicial en el artículo 348 del Código Penal colombiano, que contempla como punible la instigación a la comisión de delitos. Además, el documento alerta sobre posibles delitos conexos como sedición, usurpación y retención ilegal del mando, señalando que la incitación desde espacios públicos puede vulnerar garantías democráticas y principios constitucionales vinculados a la sucesión del poder.
Este proceso se suma a otras investigaciones y denuncias previas durante y al cierre del mandato de Petro. En paralelo, el exmandatario ha reafirmado públicamente su respeto por los mandatos constitucionales y la legitimidad de su gestión institucional. En sus últimas intervenciones públicas, también respondió a rumores sobre supuestas vinculaciones o situaciones legales en el exterior, asegurando no estar impedido para desplazarse y rechazando aseveraciones sin fundamentos sobre posibles extradiciones.
Adicionalmente, el contexto político nacional ha estado marcado por diversas reacciones sociales y políticas tras el fin del periodo institucional de Petro, incluido el uso viral de términos coloquiales para describir el impacto de la transición presidencial.
Esta noticia fue reportada por El País el 10 de agosto de 2026 y refleja un episodio jurídico clave que pone atención en el ejercicio de la libertad de expresión, la actividad política en redes sociales y su relación con la legislación penal en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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