COLOMBIA, 18 de septiembre de 2026. La decisión del Presidente Abelardo de la Espriella de retomar los bombardeos contra los grupos criminales en varias regiones del país ha generado un debate intenso en el ámbito político nacional. Mientras algunos congresistas respaldan la medida argumentando la necesidad de combatir la delincuencia por todos los medios, otros expresan preocupación por sus posibles consecuencias, especialmente ante la presencia de menores de edad en dichos campamentos.
Hasta la fecha, se han emitido cuatro fallos judiciales que prohíben los bombardeos debido a los riesgos que representan para los menores reclutados forzosamente por estas estructuras ilegales. Frente a esta situación, el Representante del Centro Democrático, Jaime Arizabaleta, defendió en sus redes sociales la estrategia propuesta por el Gobierno, señalando que quienes rechazan los bombardeos fomentan la incorporación de menores por parte de las guerrillas y responsabilizando a los reclutadores por las muertes de niños en los combates.
Por su parte, Julio César Triana, representante de Cambio Radical, afirmó que la paz total del periodo anterior permitió que los criminales aumentaran su control territorial. Para él, la decisión del presidente Espriella representa la mejor opción para recuperar el orden, siempre con respeto por los derechos de los menores involucrados.
Posturas de la oposición y medidas judiciales
En contraposición, miembros de la bancada opositora, como la representante Ana Erazo del Pacto Histórico, manifestaron que el retorno a estas prácticas bélicas no es la solución y advirtieron que la población civil sigue siendo la más afectada por la violencia indiscriminada. Además, la orden judicial emitida por un juez de familia a partir de una acción de tutela presentada por el Representante Yeisson Gerardo Sua Cajamarca suspendió temporalmente los bombardeos hasta que se garantice la ausencia de menores en los campamentos.
Erazo destacó que los niños reclutados son víctimas del conflicto y que el Estado tiene un deber de protección que no puede soslayar bajo ninguna circunstancia, enfatizando que ninguna ventaja militar justifica la muerte de menores.
Controversia por las fumigaciones en Putumayo
Otra polémica en torno al Gobierno de Espriella se centra en la suspensión judicial de los pilotos de fumigaciones en el departamento de Putumayo con glufosinato de amonio. El mandatario ha expresado su respeto por esas decisiones, pero insiste en buscar herramientas constitucionales para combatir el fenómeno de los cultivos ilícitos.
Desde Cambio Radical, voceros consideraron que las aspersiones aéreas son una herramienta para proteger a las comunidades y debilitar las fuentes financieras de las organizaciones criminales que financian actividades ilícitas como la extorsión y el reclutamiento de menores.
No obstante, las voces en contra, como la de la representante Erazo, critican que el Gobierno haya reemplazado el glifosato por un químico más tóxico y señalan que las fumigaciones afectan la salud pública, el medio ambiente y a los campesinos, beneficiando a mafias y multinacionales químicas.
A pesar del debate y las decisiones judiciales, el Gobierno nacional anunció que buscará revertir estas medidas para fortalecer la seguridad y el control territorial en las regiones afectadas por la criminalidad organizada.
La información y opiniones aquí contenidas son extraídas del sitio oficial del Congreso de la República (poderlegislativo.camara.gov.co), y responden a los posicionamientos expresados públicamente por los actores políticos involucrados.
Redacción ColombiaPrensa
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