COLOMBIA, 5 de octubre de 2026. La Procuraduría General de la Nación, a través del procurador Gregorio Eljach, remitió un concepto a la Corte Constitucional en el que respalda la emergencia económica decretada por el presidente Abelardo De La Espriella para atender los daños ocasionados por el terremoto ocurrido el pasado 10 de mayo en Colombia.
El terremoto, de magnitud 7,4 y epicentro en San José del Palmar, Chocó, provocó un saldo de 330 personas fallecidas, más de 4.000 heridos, 150 desaparecidos y alrededor de 406.000 personas afectadas, de acuerdo con informes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
Ante esta emergencia, el presidente De La Espriella declaró el estado de emergencia económica mediante el Decreto Legislativo 1261 de 2026, posteriormente modificado por el Decreto Legislativo 1348 de 2026, con el fin de disponer de herramientas legales y fiscales que permitan canalizar recursos para atender esta calamidad pública.
En su concepto, la Procuraduría verificó que los actos administrativos cumplen con los requisitos formales, incluyendo las firmas del presidente y los ministros, así como la notificación oportuna al Congreso de la República y a organismos internacionales. Además, destacó que el decreto supera el juicio de suficiencia, al establecer que la normativa ordinaria no ofrecía recursos ni mecanismos idóneos para enfrentar la emergencia ocasionada por el sismo.
El organismo de control resaltó que las restricciones presupuestales y la rigidez del principio de legalidad presupuestal, sumadas a las limitaciones del sistema de financiación territorial, impidieron una respuesta estatal adecuada frente a la magnitud de las afectaciones.
Asimismo, recordó que el Gobierno nacional había hecho uso previo a los mecanismos ordinarios previstos en la Ley 1523 de 2012, pero estos resultaron insuficientes para enfrentar la emergencia de carácter excepcional y catastrófico.
Por lo tanto, la Procuraduría concluye que la declaratoria de emergencia económica es una medida “necesaria y razonable” para habilitar el uso de instrumentos extraordinarios que permitan responder con eficacia a la crisis provocada por el terremoto y evitar que sus efectos se prolonguen.
Actualmente, la Corte Constitucional realiza el control automático del estado de excepción, evaluación en la que se encuentra el respaldo del Ministerio Público para que se mantenga vigente la emergencia económica declarada, lo cual facilitará la asignación y gestión de recursos públicos destinados a la reconstrucción y atención a las comunidades afectadas.
Este respaldo del Ministerio Público se convierte en un apoyo clave para la administración de De La Espriella, que continúa gestionando la respuesta integral frente a la tragedia natural que ha impactado severamente a varios departamentos del país.
Redacción ColombiaPrensa
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