COLOMBIA, 7 de agosto de 2026. Se presentó una demanda de nulidad electoral contra las curules de Iván Cepeda como senador y Aida Quilcué como representante a la Cámara en el Congreso de la República. La acción judicial fue impulsada luego de que ambos dirigentes aceptaran sus cargos pese a haber perdido la contienda presidencial del pasado 21 de junio frente a Abelardo De La Espriella.
La demanda alega la existencia de una supuesta violencia sistemática que afectó la libertad del elector durante el proceso electoral. Según los planteamientos de los demandantes, se habrían registrado patrones reiterados de violencia en varios municipios del país, que incluyen amenazas, restricciones a la movilidad, control territorial, homicidios selectivos y desplazamientos forzados. Estos hechos se atribuyen a grupos armados ilegales y organizaciones criminales como el ELN, disidencias de las Farc, Clan del Golfo, La Terraza, La Cordillera, entre otros.
Para sustentar la demanda, los demandantes se basaron en los informes de la Defensoría del Pueblo, que registran presencia armada en 670 municipios, incluyendo 433 con presencia de organizaciones ilegales, 168 con influencia armada y 69 con hegemonía de grupos ilegales. A su vez, se tomó en cuenta la documentación emitida por la Misión de Observación Electoral (MOE), que reportó presencia armada en 139 municipios y hegemonía en 126 municipales.
El análisis llevado a cabo revisó detalladamente municipio por municipio el comportamiento electoral durante los comicios presidenciales de 2026, destacando una coincidencia geográfica entre los territorios con presencia de estructuras armadas y aquellos donde Cepeda y Quilcué obtuvieron sus votos. La demanda señala que esta correlación es indicativa de un posible constreñimiento en la libertad del sufragio.
Este nuevo episodio genera una controversia jurídica en Colombia, especialmente en el marco de la posesión presidencial de Abelardo De La Espriella, programada para este viernes en Cali. La demanda también coincide cronológicamente con la admisión de una demanda de nulidad electoral contra la elección de De La Espriella como presidente, la cual fue admitida recientemente por el Consejo de Estado.
La situación pone en el centro del debate público la influencia de los grupos armados ilegales en el desarrollo democrático y la libre expresión del voto en Colombia, un tema que ha sido recurrente en procesos electorales anteriores y que continúa generando preocupación en diversos sectores de la sociedad y autoridades nacionales.
ColombiaPrensa estará atento a las determinaciones judiciales que se adopten frente a esta demanda y al desarrollo institucional del proceso electoral y posesión presidencial.
Redacción ColombiaPrensa
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