COLOMBIA, 22 de julio de 2026. La reciente salida de la general Sandra Patricia Pinzón de la Policía Nacional ha revelado importantes diferencias en la manera de abordar la política de paz total impulsada por el actual Gobierno. La notificación oficial de su retiro fue emitida el 15 de julio de 2026, a escasos días del cambio gubernamental y firmada por el presidente Gustavo Petro.
Según documentos que fueron entregados a organismos de control, la decisión de apartar a la general Pinzón obedeció a discrepancias relacionadas con su postura frente a la implementación y desarrollo de esta política pública. Estas evidencian tensiones institucionales y operativas que habrían marcado su relación con otros altos mandos de la Policía, incluyendo al general William Rincón, director de la institución, y delegados del Ejecutivo implicados en los procesos de negociación con los grupos armados ilegales.
Los escritos señalan que la general manifestó en diferentes ocasiones oposición a prácticas que consideraba tenían riesgos jurídicos, como la participación de uniformados en la seguridad de caravanas que transportaban a integrantes de grupos armados sin contar con claridad sobre amparos legales en sus movimientos. Esta postura fue uno de los aspectos planteados durante su gestión y causó observaciones internas, en particular respecto al caso conocido como la “Caravana de la UNP” en Antioquia.
Además, la general Pinzón manifestó desacuerdo con ciertas decisiones relativas al manejo de capturados vinculados a la violencia. Por ejemplo, cuestionó el traslado a instalaciones de la Policía Nacional de Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, líder del grupo criminal Comandos de Frontera, tras su captura. Consideró que la acción no era institucionalmente procedente, aunque la Dirección General de la Policía adoptó finalmente la medida.
Respecto al proceso de diálogos con disidencias de las Farc, la general advirtió sobre el fortalecimiento de estas estructuras durante los ceses al fuego, destacando incrementos en extorsiones, control territorial y restricciones a la movilidad de la población mediante medidas como toques de queda y carnets, además de la expansión territorial. También cuestionó la ubicación de zonas de ubicación temporal que, desde su perspectiva, podían favorecer intereses de ciertos grupos armados.
En cuanto a las negociaciones con bandas criminales de Medellín, expresó oposición a la participación de la Policía en actos públicos relacionados con dichas conversaciones, argumentando que la institución no debía fungir como un mecanismo para legitimar procesos que podrían ser cuestionados desde el punto de vista institucional.
Asimismo, los documentos mencionan episodios en el marco de reuniones con la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano en Nariño, donde la general insistió en mantener criterios técnicos para proteger al personal policial, frente a condicionamientos planteados por el grupo armado que demandaba que los uniformados estuvieran vestidos de civil, sin armas visibles y con presencia limitada en vías públicas. Esta rigidez generó diferencias con delegados del Gobierno y con la Dirección General de la Policía.
Los textos también resaltan su preocupación sobre la entrega de beneficios judiciales a integrantes de grupos armados para su participación como gestores de paz, señalando que varios de ellos abandonaron las mesas de negociación y retomaron actividades criminales. Se mencionan ejemplos específicos como ‘Ángela Izquierdo’ y ‘Óscar Barreto’, vinculados posteriormente a estructuras armadas.
La general estableció que sus acciones buscaron evitar la instrumentalización de la Policía Nacional para actividades que pudieran ir más allá del marco legal, una postura que diferenciaba su enfoque del que tenían algunos actores involucrados en la política de paz total. Los documentos sugieren que su retiro fue una medida para apartarla de procesos de auditoría y empalme, evitando que sus observaciones y cuestionamientos fueran considerados en la revisión del Gobierno entrante sobre esta política pública.
Este contexto plantea además preocupaciones sobre las decisiones adoptadas durante los últimos años, que según esos documentos, podrían haber contribuido al fortalecimiento y consolidación de estructuras armadas ilegales en diferentes regiones del país.
Redacción ColombiaPrensa
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