COLOMBIA, 3 de septiembre de 2026. La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) enfrenta un escenario delicado en la elección de su próxima presidenta, luego de la renuncia de la excanciller Ángela María Orozco, quien fue designada para ser embajadora de Colombia en Estados Unidos. Como resultado, la junta directiva del gremio presentó una nueva terna para ocupar el cargo, en la que destaca Sandra Gómez, quien fue presidenta de Findeter durante la administración de Iván Duque y es esposa del ministro de Justicia, Iván Cancino.
La vacancia que dejó Juan Martín Caicedo Ferrer, quien presidiró la CCI durante 20 años, generó inicialmente una gran expectativa para que por primera vez una mujer encabezara esta influyente organización gremial. La terna original seleccionada mediante la firma especializada Caza Talentos incluía a tres mujeres reconocidas: María Consuelo Araujo, Carolina Soto y Ángela María Orozco. Sin embargo, la designación de Carolina Soto como presidenta fue revocada tras un fuerte rechazo del gobierno, en particular por la ministra de Transporte, Elsa Noguera, lo que provocó que Soto renunciara anticipadamente.
En medio de esta exigente coyuntura, el gobierno que encabeza el presidente de la República, conocido como “El Tigre”, promovió una nueva terna manteniendo a Ángela María Orozco y sumando a Tatyana Orozco de la Cruz, exdirectora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS), y a Sandra Gómez. La inclusión de Gómez genera atención debido a su relación familiar con Iván Cancino, actual ministro de Justicia.
La junta directiva, presidida por Juan Carlos Saavedra Vanegas y que cuenta entre sus miembros con figuras de alto perfil como Manuel Manrique, presidente de la española Sacyr, deberá decidir próximamente a la nueva presidenta. Esta decisión adquiere relevancia especialmente frente a episodios recientes en otros gremios, como la permanencia prolongada de Bruce Macmaster al frente de la ANDI y las diferencias públicas entre esta organización y el gobierno de De la Espriella.
La situación marca un precedente para el gremio de infraestructura, que busca reposicionar sus relaciones tras años de tensiones con el gobierno anterior, particularmente por los proyectos de autopistas 4G y el modelo de concesiones y peajes, aspectos que fueron objeto de críticas durante la administración de Gustavo Petro. El nombramiento de la presidenta de la CCI se ve así como un paso crucial para establecer el equilibrio y cooperación entre el sector privado y las políticas públicas del Estado.