COLOMBIA, 17 de julio de 2026. La senadora Martha Peralta Epieyú, del Pacto Histórico, no será sometida a una medida de aseguramiento en el marco de la investigación por el presunto saqueo de recursos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La Corte Suprema de Justicia notificará esta decisión en los próximos días, según información obtenida por EL TIEMPO.
Durante las últimas semanas, Peralta ha estado en el centro de la atención judicial tras ser citada a indagatoria por este caso, en una diligencia que incluso requirió orden de conducción para asegurar su comparecencia ante la máxima instancia judicial. El proceso investiga posibles irregularidades y enriquecimiento ilícito a partir de los fondos destinados a la UNGRD.
La decisión de no imponer medida de aseguramiento, que implica la no privación de la libertad ni restricciones a la libertad de la senadora, no concluye el estudio integral de su situación jurídica. Fuentes cercanas al caso indican que la postura adoptada se basa en la valoración provisional de evidencias y criterios legales, mientras que la Corte Suprema podrá continuar con las investigaciones y definir responsabilidades.
El caso está bajo el examen de la Corte Suprema de Justicia, que es la instancia competente para conocer procesos vinculados con congresistas por su fuero especial. El debate sigue abierto respecto a los posibles alcances del proceso y si otros togados tomarán decisiones que puedan modificar la situación de Peralta.
El escándalo en torno a la UNGRD ha generado atención pública y política significativas, dado el uso de recursos públicos para la atención en emergencias. La investigación busca esclarecer presuntos actos ilícitos en la asignación y manejo de esos presupuestos, en los cuales estarían involucrados varios funcionarios y contratistas.
Por ahora, la senadora del Pacto Histórico continúa en ejercicio de sus funciones y sin medidas cautelares restrictivas. La Corte Suprema prosigue con los análisis para determinar si existen méritos para adelantar otros procedimientos o sanciones disciplinarias y penales en su contra.
Este caso forma parte de una serie de procesos judiciales en los que se examinan gestiones realizadas por entidades públicas relacionadas con la gestión de riesgos y recursos destinados a mitigación de desastres, un tema de especial sensibilidad para la gestión estatal y la ciudadanía.
Desde la audiencia de indagatoria y la notificación próxima de la decisión sobre medidas cautelares, se espera que el proceso mantenga la relevancia mediática y judicial, motivando análisis y debates sobre la transparencia y la responsabilidad de los servidores públicos en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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