COLOMBIA, 11 de agosto de 2026. Un sismo de magnitud 7,4 en San José del Palmar, Chocó, ha puesto en primer plano la discusión sobre la capacidad financiera de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) para responder a emergencias en Colombia. La situación revive las advertencias del expresidente Gustavo Petro, quien días antes del desastre cuestionó la suspensión judicial de un decreto que buscaba transferir 4 billones de pesos a esta entidad fundamental para la atención de desastres.
El Consejo de Estado suspende provisoriamente apartes del Decreto 802 de 2026, que autorizaba traslados presupuestales hacia la UNGRD para enfrentar, entre otras amenazas, el fenómeno de El Niño. La decisión fue motivada por dudas sobre la legalidad de modificar la distribución presupuestal aprobada por el Congreso sin autorización y sobre los mecanismos de ejecución de los recursos. Esta suspensión ha generado polémica, especialmente ante recientes eventos sísmicos que han puesto a prueba la respuesta estatal.
Petro, entonces presidente, hizo un llamado a fortalecer la gestión del riesgo con recursos suficientes. En redes sociales, había advertido que de no destinar fondos al agua potable, producción alimentaria y energía solar, Colombia podría enfrentar una crisis humanitaria y ambiental para diciembre de 2026, asociada al fenómeno de El Niño. Aunque su advertencia estaba vinculada a esta amenaza climática y no al terremoto, el reciente sismo ha resaltado la necesidad de una financiación adecuada para la UNGRD, al evidenciar los retos que implica una emergencia repentina e imprevista.
El terremoto dejó heridas y daños significativos en Quibdó y otros municipios del occidente colombiano. Las autoridades activaron protocolos de emergencia y evaluaron la situación, al tiempo que el Servicio Geológico Colombiano reportó réplicas posteriores. Esta respuesta inmediata ilustra la función crítica de la UNGRD como coordinadora de las acciones de preparación, atención y recuperación ante desastres.
Desafíos legales y necesidad de recursos para gestión del riesgo
El conflicto jurídico gira en torno a la potestad del Gobierno para realizar traslados presupuestales sin la aprobación legislativa directa. El Consejo de Estado juzga que el decreto autorizaba “traslados indeterminados”, contrarios a la legislación vigente sobre apropiaciones y distribución presupuestal. Sin embargo, es claro que el fortalecimiento de la UNGRD con recursos suficientes es una prioridad que trasciende discusiones jurídicas y políticas.
Expertos y funcionarios destacan que Colombia, por su exposición a terremotos, sequías, inundaciones y otras contingencias naturales, debe contar con instituciones respaldadas financiera y técnicamente para responder con rapidez y efectividad ante cualquier eventualidad. La posibilidad de que emergencias ocurran de forma impredecible refuerza la necesidad de que la UNGRD no solo disponga de recursos, sino que cumpla con los controles legales, la transparencia y la gestión técnica requeridas.
La discusión pública y política
La controversia alrededor de los 4 billones de pesos representa una tensión habitual entre la urgencia operativa en gestión de riesgos y el respeto a los procesos legales y fiscales. El expresidente Petro criticó la paralización judicial y alertó sobre el riesgo para la respuesta estatal; por su parte, sectores que cuestionaron el decreto defendieron la necesidad de preservar los mecanismos constitucionales y presupuestales.
Este debate adquiere relevancia adicional en momentos en que el país enfrenta una emergencia causada por un evento natural inesperado y de gran magnitud. La opinión pública y las autoridades deben balancear el cumplimiento normativo con el desafío práctico de disponer de capacidad financiera al momento de una crisis.
Proyecciones y prioridades de atención
El Decreto 802 había establecido que la destinación de los recursos serían para tres frentes principales asociados a El Niño: garantizar agua potable en regiones vulnerables, apoyar la producción de alimentos y promover la energía solar para mitigar impactos ambientales y sociales. El terremoto, imprevisto en este contexto, indica que el sistema debe contar con flexibilidad y fondos adecuados para atender distintas amenazas simultáneamente.
Mientras continúan las evaluaciones de daños en Chocó, Cali, Pereira y Manizales, entre otras zonas, la atención inmediata a las personas afectadas es urgente. Igualmente, el análisis de la capacidad institucional para responder frente a próximas eventualidades sigue siendo un tema prioritario para expertos, autoridades y ciudadanos.
La polémica jurídica y política por los recursos para la UNGRD probablemente se prolongará en tribunales y debates públicos. Sin embargo, la reciente emergencia reitera la necesidad ineludible de fortalecer la gestión del riesgo en Colombia como una inversión para la protección de la vida, el bienestar y la infraestructura nacional.
Fuente: alpunto.com.co
Redacción ColombiaPrensa
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