COLOMBIA, 7 de septiembre de 2026. A un año de iniciado el programa de ataques cinéticos contra narcolanchas en el mar por parte del gobierno de Donald Trump, se incrementan las críticas vinculadas a posibles ejecuciones extrajudiciales y a la efectividad limitada de esta estrategia en la lucha contra el narcotráfico. Según cifras oficiales, desde el 2 de septiembre de 2025 hasta la misma fecha de 2026, se han registrado alrededor de 68 ataques contra 70 embarcaciones, con un saldo de al menos 227 muertos, situación que ha generado denuncias de organizaciones humanitarias y cuestionamientos internacionales.
El Pentágono ha calificado a las personas fallecidas en estas operaciones como “narcoterroristas”. La campaña, llamada Southern Spear (Lanza del Sur), según reportes del gobierno estadounidense, ha permitido la incautación de 347.9 toneladas métricas de cocaína en el año fiscal 2026, además de 189 toneladas incautadas por países aliados. Estos decomisos habrían provocado pérdidas económicas estimadas en 8.800 millones de dólares para los cárteles de la droga en ese periodo, cifra que en el año fiscal anterior alcanzó los 11.500 millones de dólares.
A pesar de estos datos oficiales, expertos y autoridades en derechos humanos señalan que los ataques a embarcaciones no representan una estrategia eficaz para la lucha contra toda la cadena del narcotráfico, advirtiendo que sustancias como el fentanilo, considerado por Estados Unidos como una de las principales amenazas en materia de drogas, no son transportadas por vía marítima sino terrestre. En este sentido, un alto mando militar reconoció que los ataques cinéticos son solo una de las múltiples herramientas disponibles y probablemente no la más efectiva.
Más allá de la eficacia, distintos organismos internacionales han expresado su preocupación. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y expertos del organismo han solicitado investigaciones independientes y transparentes sobre estas operaciones, petición que aún permanece pendiente. Por su parte, Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que estas acciones podrían constituir ejecuciones extrajudiciales, al realizarse sin juicio previo ni la identificación clara de los fallecidos, quienes son de manera genérica catalogados como criminales.
En una carta dirigida a líderes del Congreso y Senado de Estados Unidos, diversas organizaciones de la sociedad civil, incluidos grupos de derechos humanos y representantes religiosos, solicitaron la suspensión de estas operaciones y el retiro de fondos que las financian, argumentando que las medidas adoptadas constituyen violaciones a las leyes internacionales y a los derechos humanos. Asimismo, familiares de pescadores han denunciado que personas inocentes han muerto en estas acciones, sin que hasta la fecha se hayan presentado pruebas públicas que sustenten las afirmaciones oficiales.
Internamente en Estados Unidos, voces críticas surgieron como la del senador demócrata Tim Kaine, quien tras revisar documentos clasificados calificó las operaciones como excesivas e improcedentes, alertando que personas no involucradas en actividades delictivas habrían sido asesinadas. Por otro lado, Brian Finucane, exasesor legal del Departamento de Estado, expresó que la autorización militar para estos ataques otorga un amplio margen que facilita actividades letales sin supervisión judicial rigurosa.
Las operaciones han incluido alianzas con autoridades de países de la región a través de la iniciativa denominada Escudo de las Américas, aunque algunas de estas colaboraciones han sido objeto de cuestionamientos mediáticos por posibles afectaciones a actividades civiles, como fue el caso de ataques reportados en Ecuador que supuestamente impactaron una granja lechera, y no objetivos vinculados al narcotráfico.
Este balance a un año de la política aplicada desde el gobierno de Trump plantea interrogantes sobre la compatibilidad de estas acciones con los estándares internacionales de derechos humanos y la necesidad de revisar la eficacia y legitimidad de una estrategia que, según reconocimientos oficiales y críticas externas, no guarda proporción entre resultados y costos humanos.
Fuente: El Universal, 4 de septiembre de 2026.
Redacción ColombiaPrensa
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