COLOMBIA, 27 de julio de 2026. La senadora Jennifer Pedraza presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Juliana Guerrero y Verónica Guerrero por presunta responsabilidad en hechos relacionados con tráfico de influencias de particular, concierto para delinquir, cohecho por dar u ofrecer y enriquecimiento ilícito de particulares.
La denuncia también incluye a David Trespalacios y Wilmer Trespalacios, quienes, según la congresista, habrían participado en el presunto recaudo y distribución de recursos asociados a una supuesta red dedicada a la gestión irregular de contratos con entidades estatales.
El fundamento de esta acción judicial se basa en una publicación de la revista Semana que recopila testimonios de empresarios, conversaciones de WhatsApp, audios y comprobantes bancarios. De acuerdo con estos documentos, las acciones habrían iniciado en el segundo semestre de 2024 e involucrarían a empresarios de los departamentos de Norte de Santander, Cesar, Valle del Cauca y Santander, quienes acudían a las hermanas Guerrero con la expectativa de obtener contratos con entidades del Estado.
Según la denuncia, inicialmente se exigía un pago aproximado de un millón de pesos para acceder a una reunión. Posteriormente, para gestionar contratos ante el Gobierno Nacional, se solicitaban pagos de hasta 200 millones de pesos, así como un porcentaje del 10 % del valor de cada contrato adjudicado. Estos recursos habrían sido recibidos primero a través de David Trespalacios y, luego, debido a discrepancias, directamente en las cuentas bancarias de las Guerrero.
La senadora Pedraza solicitó a la Fiscalía ampliar la investigación para incluir a todos los posibles implicados. Entre las peticiones realizadas se encuentra vincular a David y Wilmer Trespalacios en calidad de posibles responsables en el recaudo y distribución del dinero.
Además, pidió identificar a los empresarios que entregaron los recursos a cambio de la gestión de contratos estatales y determinar su posible responsabilidad penal en delitos como cohecho, tráfico de influencias y concierto para delinquir.
La investigación también deberá evaluar la posible participación de funcionarios públicos en estos hechos, determinando si recibieron beneficios o si sus decisiones fueron influenciadas indebidamente. En tal sentido, la senadora solicitó el envío de copias a las autoridades competentes conforme a sus respectivas competencias.
Asimismo, se pidió que la Fiscalía considere la adopción de medidas cautelares sobre los bienes de las investigadas para garantizar el correcto desarrollo del proceso. Entre las pruebas requeridas se incluyen inspecciones en varias entidades del orden nacional, como el Ministerio del Interior, Ministerio de Vivienda, Agencia Nacional de Tierras, Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el extinto Ministerio de Igualdad y Equidad, para recabar información sobre procesos contractuales y gestiones realizadas por las personas involucradas.
Hasta el momento, la Fiscalía General de la Nación no ha emitido pronunciamiento oficial sobre las diligencias que se surtirán tras esta denuncia, ni sobre posibles avances en las investigaciones preliminares.
Esta nueva denuncia se suma a las investigaciones que cursan sobre la presunta red de corrupción en la cual estarían vinculadas las hermanas Guerrero, y que ha generado expectativas sobre el fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia en la adjudicación de contratos estatales.
Redacción ColombiaPrensa
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