COLOMBIA, 7 de septiembre de 2026. El Ministro del Interior, Rodrigo Lara, expresó su desacuerdo con la Defensora del Pueblo, Iris Marín, luego de que esta realizara una comparación entre las actuaciones del Estado y las de las bandas narcoterroristas en Colombia. Lara aseguró que esa equivalencia “no corresponde” y resaltó la labor constitucional del Estado en la protección de los ciudadanos y la lucha contra el crimen.
En sus declaraciones, el Ministro indicó que la Defensoría del Pueblo es una entidad aliada del Gobierno, comprometida con la defensa de víctimas y derechos, pero calificó como una “triste equivocación” la comparación en que supuestamente compiten en crueldad el Estado y los grupos armados ilegales. Afirmó que el Estado cumple con su deber constitucional de combatir a quienes ejercen el terrorismo, en especial en zonas afectadas por violencia.
Rodrigo Lara instó a que la Defensoría mantenga su apoyo en la tarea de combatir el terrorismo e ilegalidad que han azotado al país, mencionando casos como el uso de drones, reclutamiento de menores y otros actos de barbarie perpetrados por estos grupos. Además, aseguró que el Gobierno está superando la política conocida como “Paz Total”, que según él, dejó poblaciones en situación de vulnerabilidad frente al terrorismo.
Por su parte, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, manifestó su rechazo a la retórica oficialista que propone una competencia entre el Estado y las bandas armadas sobre quién puede ser más cruel. Marín señaló que no debe darse la disputa por generar miedo, humillar al adversario o exhibir el uso de la muerte como demostración de poder. La funcionaria criticó específicamente un video difundido en el que el presidente Abelardo De La Espriella aparece entre cuerpos de miembros de una disidencia de las FARC abatidos, utilizando como argumento que nunca había observado a un presidente mostrando orgullo por muertes de esa naturaleza.
En una respuesta al mensaje del Ministro del Interior, Iris Marín agradeció el reconocimiento hacia la Defensoría y reiteró su llamado a que el presidente y el Gobierno reflexionen en la forma en que comunican los resultados de operaciones militares. Además, urgió a avanzar en el seguimiento de las alertas tempranas en zonas priorizadas para proteger mejor a la población civil.
Este intercambio público entre dos altos funcionarios refleja la tensión existente en torno al manejo comunicacional y la percepción de las acciones del Estado frente a los grupos armados ilegales, en un contexto donde el Gobierno busca fortalecer su posición contra el narcoterrorismo, mientras organismos de control insisten en la protección de derechos humanos.
Redacción ColombiaPrensa
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