COLOMBIA, 7 de septiembre de 2026. La defensora del Pueblo, Iris Marín, hizo un llamado al presidente Abelardo de la Espriella para que revise la forma en que el Gobierno comunica los resultados de los operativos militares, luego de la polémica por la exhibición de los cuerpos de personas fallecidas en la operación Azarías, realizada el 30 de agosto en Guaviare.
El pronunciamiento de Marín se dio tras cuestionar públicamente al mandatario por la manera en que presentó las imágenes de los cadáveres, lo que generó una reacción inmediata del ministro del Interior, Rodrigo Lara. El funcionario defendió la acción estatal y calificó como una “equivocación” las declaraciones de la Defensora, rechazando la comparación entre el Estado y las organizaciones narcoterroristas.
En su respuesta a Lara, Iris Marín agradeció el mensaje pero insistió en la necesidad de reflexionar sobre la comunicación oficial. “Confiamos en que el Presidente y el Gobierno puedan reflexionar sobre la forma en que comunican los resultados operacionales, como solicité en mi pronunciamiento”, expresó a través de su cuenta oficial en la red social X.
Además, la Defensora enfatizó la importancia de avanzar en el seguimiento de las alertas tempranas en las zonas priorizadas y resaltó la relevancia de las alianzas institucionales para enfrentar la problemática de seguridad. Según Marín, los grupos armados vinculados al conflicto continúan cometiendo crímenes contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, lo que demanda una actuación coordinada y responsable.
“La alianza y la colaboración institucional son fundamentales para abordar con seriedad el crítico diagnóstico que hemos advertido en materia de uso de drones, reclutamiento, expansión territorial de los grupos que participan en el conflicto armado y la criminalidad organizada, confinamiento, desplazamiento forzado y, en general, los crímenes contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, que estos grupos comenten sistemáticamente normalizando el crimen y banalizando el respeto a la dignidad humana”, expresó la funcionaria.
Marín explicó que dicho diagnóstico forma parte de un informe de la Defensoría que fue entregado personalmente al Gobierno nacional y está disponible en su página oficial. A su vez, manifestó que desde la entidad están preparados para trabajar de inmediato en acciones conjuntas que permitan prevenir nuevas vulneraciones y proteger a la población colombiana.
Por su parte, el ministro Rodrigo Lara, en palabras publicadas el 6 de septiembre, reiteró el compromiso del Gobierno con la Defensoría como una entidad aliada. Destacó su mandato en la protección de víctimas y derechos humanos y enfatizó que el Estado tiene un deber constitucional de combatir a los grupos armados que ejercen terror en el país.
“Equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas, como si compitiera en crueldad, no corresponde. El Estado debe enfrentar a los grupos que matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población”, afirmó Lara, quien también solicitó un acompañamiento activo de la Defensoría.
Finalmente, el ministro manifestó que la política de Paz Total dejó algunas comunidades bajo control criminal en las zonas afectadas y aseguró que el Gobierno continuará aplicando la ley y protegiendo a las víctimas de manera conjunta con la Defensoría del Pueblo.
Redacción ColombiaPrensa
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