COLOMBIA, 7 de septiembre de 2026. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió a las críticas formuladas por la defensora del Pueblo, Iris Marín, acerca de la exhibición pública de los cuerpos de miembros de grupos armados ilegales abatidos durante recientes operaciones militares en Colombia.
En reacción a un mensaje publicado por la defensora Marín en su cuenta de la red social X, en el que manifestó que “el Estado no necesita parecerse a quienes combate para demostrar su fortaleza” y criticó el uso de los cuerpos como parte de la “escenografía” pública de los resultados militares, Lara calificó esta postura como una “triste equivocación”. Según el ministro, no es correcto equiparar al Estado con las bandas narcoterroristas “como si compitiera en crueldad”.
El funcionario reiteró que el Estado tiene un deber constitucional de combatir a los criminales que generan terror en amplias zonas del país. Además, destacó la intención del Gobierno de poner fin a lo que denominó el cinismo de la ‘Paz Total’. En ese sentido, instó a la Defensoría del Pueblo a convertirse en una aliada en la lucha contra grupos que utilizan métodos violentos, como el uso de drones, el reclutamiento de menores y la generación de terror contra la población civil.
La controversia surgió luego de que el presidente Abelardo de la Espriella presentara los resultados de la Operación Azarias, que dejó 23 miembros de disidencias muertos, durante la cual caminó entre los cuerpos que habían sido ubicados en el piso en bolsas blancas. Este acto ha sido objeto de cuestionamientos por parte de varios sectores, entre ellos la Defensoría del Pueblo, por considerar que podría vulnerar la dignidad humana.
El ministro Lara expresó su confianza en que la Defensoría ejercerá un papel activo y sólido para combatir a quienes perpetúan actos de terror y barbarie, aportando su voz “con toda su fuerza” para apoyar las acciones del Estado en defensa de la ciudadanía.
Esta posición del Gobierno representa un llamado institucional para consolidar esfuerzos en la seguridad y la defensa nacional, frente a la persistente amenaza de grupos ilegales que afectan la paz y el orden público en Colombia.