COLOMBIA, 15 de septiembre de 2026. El concejal Julián Uscátegui presentó una demanda ante el Consejo de Estado con el objetivo de anular el Decreto 799 de 2025, emitido por el gobierno anterior, que modifica el reparto de las acciones de tutela relacionadas con actuaciones u omisiones del presidente de la República.
El decreto en cuestión establece que estas tutelas, que antes eran conocidas en primera instancia por el Consejo de Estado, pasen a ser tramitadas por jueces de circuito distribuidos a lo largo del país. Según Uscátegui, esta medida fragmenta el control judicial de procedimientos que por su alcance deberían tener un tratamiento unificado y de carácter nacional, generando el riesgo de decisiones judiciales contradictorias según la jurisdicción territorial donde se presente la tutela.
El concejal expresó que una actuación del Gobierno nacional no puede tener consecuencias judiciales distintas simplemente por la ubicación geográfica desde la cual se interpone una acción de tutela. Subrayó que resulta imperativo garantizar principios esenciales como la igualdad, la seguridad jurídica, el juez natural y la independencia judicial, especialmente en asuntos que tienen alcance nacional e incluso internacional.
Además de solicitar la nulidad del decreto, Uscátegui solicitó al Consejo de Estado que se suspendan provisionalmente los efectos del mismo mientras se resuelve la demanda de fondo. La suspensión busca evitar que el sistema judicial consolide decisiones incompatibles que afecten una misma actuación estatal sobre temas tan relevantes como la seguridad nacional y la erradicación de cultivos ilícitos.
La jurisdicción contencioso-administrativa será la encargada de determinar la constitucionalidad y legalidad de la modificación introducida en el decreto. La demanda enfatiza que la discusión es principalmente constitucional y no debe entenderse como un conflicto de tipo político, sino como un reclamo para que las reglas administrativas no prevalezcan sobre principios jurídicos estructurales.
Esta acción jurídica revela las preocupaciones sobre los efectos que podría tener el reparto territorial de la competencia judicial sobre acciones de tutela de alto impacto, y pone en agenda la necesidad de un control judicial coherente y centralizado sobre decisiones del Gobierno con alcances nacionales.
Fuente: Semana
Redacción ColombiaPrensa
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