COLOMBIA, 15 de septiembre de 2026. El Consejo de Estado de Colombia ratificó en segunda instancia la decisión de mantener la investidura de varios congresistas que participaron con aportes económicos en la denominada “vaca” para financiar proyectos viales 4G en Antioquia. La Sala Plena concluyó que dichos aportes realizados en 2024 no constituyeron causal de pérdida de investidura ni configuraron un contrato estatal de donación, como había sido cuestionado en la demanda interpuesta.
El proceso judicial surgió a raíz de los recursos entregados por congresistas en ejercicio —entre ellos Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Guerra, Paola Holguín, María Fernanda Cabal, Juan Fernando Espinal, Hernán Cadavid, Jhon Jairo Berrío y Julián Peinado— para apoyar la iniciativa promovida por el entonces gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón. Esta colecta ciudadana, conocida popularmente como la “vaca”, buscaba recaudar fondos para la culminación de proyectos viales 4G en el departamento.
El abogado Carlos Mario Patiño, quien promovió la demanda, argumentaba que los congresistas podrían haber incurrido en incompatibilidades al hacer estas donaciones a una entidad pública, lo cual habría generado la pérdida de la investidura según la ley electoral colombiana. Sin embargo, el Consejo de Estado no avaló esta interpretación.
Fallo y argumentos centrales del Consejo de Estado
En el fallo, la Sala Plena destacó que los aportes no constituyeron un contrato estatal porque no existió documento formal que perfeccionara un acuerdo de donación entre los legisladores y la Gobernación de Antioquia. La simple denominación de “donaciones” por parte de la Gobernación no equivalió a la formalización de un contrato.
Además, el tribunal precisó que conforme a normas civiles sobre donaciones, para que estas se perfeccionen era necesaria una aceptación formal por parte del beneficiario, la cual no se evidenció en los términos requeridos. Por esta razón, los aportes permanecieron en una condición no perfeccionada y no obligatoria legalmente.
Aportes y contexto de la “vaca” por las vías 4G de Antioquia
La iniciativa fue lanzada en marzo de 2024 con la intención de complementar la financiación para infraestructura vial en Antioquia. Los congresistas participantes hicieron aportes personales que oscilaron entre uno y 1,5 millones de pesos por legislador. La participación generó debate público por la relación entre servidores públicos y entidades administrativas departamentales.
Algunos congresistas, como Paloma Valencia, María Fernanda Cabal y Hernán Cadavid, solicitaron posteriormente la devolución de esos recursos, la cual fue realizada por la Secretaría de Hacienda de Antioquia tras determinarse que el trámite de las donaciones no se había perfeccionado legalmente.
Evaluación sobre beneficio particular
El Consejo también analizó si los congresistas habrían buscado un beneficio personal, un interés particular o una ventaja electoral mediante estos aportes. La Sala encontró que no se demostró tal propósito, señalando que la entrega de recursos fue una expresión legítima de solidaridad y apoyo ciudadano dentro de los principios constitucionales.
Consecuencias del fallo y estado actual del caso
Con la decisión de firmeza, que ratifica el fallo inicial de junio de 2024 por la Sala Segunda Especial de Decisión de Pérdida de Investidura, los congresistas involucrados conservarán sus cargos para el periodo 2022-2026. El fallo concluye que no hubo elementos jurídicos suficientes para aplicar la pérdida de investidura denominada como “muerte política” en este caso.
Este pronunciamiento cierra uno de los debates políticos y jurídicos en torno al apoyo ciudadano para proyectos públicos en Antioquia, dejando claro que las aportaciones realizadas en la “vaca” no constituyen un acto incompatible o contrario a la normativa que rige la función pública e electiva en Colombia.
Fuente: LaVibrante.com
Redacción ColombiaPrensa
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