COLOMBIA, 15 de septiembre de 2026. El concejal bogotano Julián Uscátegui Pastrana presentó una demanda ante el Consejo de Estado para solicitar la nulidad del Decreto 799 de 2025, que modificó la distribución de tutelas dirigidas contra actuaciones del presidente de la República, incluyendo temas relacionados con la seguridad nacional y operaciones contra cultivos ilícitos.
La demanda cuestiona que el decreto permite que jueces regionales, sin especialidad en la materia, puedan emitir decisiones que afectan con alcance nacional, como la suspensión de bombardeos o de operativos de erradicación, lo que según el cabildante puede generar fallos contradictorios en diferentes partes del país sobre una misma actuación del Gobierno.
Previo a la expedición del decreto, estas tutelas eran conocidas en primera instancia por el Consejo de Estado, entidad que concentraba el control judicial sobre las acciones dirigidas contra el Jefe de Estado. Sin embargo, el Decreto 799 de 2025 trasladó la competencia a jueces de circuito o de igual jerarquía conforme a las reglas ordinarias de reparto, desconcentrando así la revisión.
El concejal sostiene que este cambio fragmenta el control judicial de asuntos que por su naturaleza tienen efectos nacionales e incluso internacionales, lo cual puede afectar los principios constitucionales de igualdad, seguridad jurídica, juez natural e independencia judicial. La demanda solicita además una suspensión provisional del decreto mientras se toma una decisión de fondo.
Como antecedente, la demanda menciona decisiones recientes de jueces de Puerto Asís, Putumayo, y de Popayán, Cauca, que ordenaron la suspensión temporal de aspersión aérea con glufosinato de amonio y la paralización de bombardeos respectivamente, casos que involucran políticas públicas y operativos estatales que abarcan todo el territorio nacional.
Uscátegui argumenta que por medio de una norma administrativa no se puede modificar un esquema que conlleve a respuestas judiciales diferentes según la región en que se promueva una tutela, especialmente cuando se trata de decisiones con efectos nacionales.
El recurso también cita un auto del Consejo de Estado del 25 de julio de 2023, que reconoció la naturaleza nacional e internacional de las actuaciones presidenciales, lo que sustentaba que dichas tutelas debían concentrarse en ese alto tribunal. Según el concejal, ese criterio sigue siendo válido en temas vinculados con seguridad nacional y erradicación de cultivos.
Finalmente, Uscátegui expresó la expectativa de que el Consejo de Estado suspenda temporalmente el decreto y restablezca la competencia para conocer estas tutelas, buscando evitar decisiones contradictorias frente a medidas del Gobierno y mantener la coherencia en el control judicial sobre asuntos de alta sensibilidad nacional.
Esta demanda ha abierto el debate sobre la competencia judicial en casos que involucran la seguridad del país y la lucha contra las drogas, resaltando la necesidad de garantizar un control judicial uniforme en decisiones de impacto nacional.
Redacción ColombiaPrensa
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