COLOMBIA, 30 de septiembre de 2026. El gobierno dirigido por Abelardo de la Espriella avanzó con la presentación de un proyecto de ley que busca regular el derecho a la protesta en Colombia. La iniciativa, que consta de 24 artículos, fue divulgada de manera completa por el periódico El Espectador y se estructura desde el Ministerio del Interior, encabezado por Rodrigo Lara.
Este planteamiento llega en un contexto marcado por el aumento de las manifestaciones públicas, destacadas especialmente en universidades y otros espacios donde históricamente se han registrado expresiones ciudadanas significativas. El mandatario anunció un endurecimiento en las medidas para regular las protestas en universidades públicas, escenario relevante del debate actual sobre la convivencia y seguridad ciudadana.
Entre los aspectos centrales del proyecto, se destaca la individualización de quienes cometan actos violentos o de vandalismo durante las manifestaciones. Aunque se mantiene como primera herramienta el diálogo y la mediación con los manifestantes, el documento precisa que estos mecanismos no merman la facultad de actuar contra individuos que practiquen violencia, permitiendo la intervención simultánea de la fuerza pública. Cuando cesen las conductas agresivas, se retomaría el canal de comunicación, para proteger tanto los derechos de manifestantes pacíficos como de ciudadanos no involucrados, según lo contemplado en el texto legal.
El proyecto regula también el esquema de acompañamiento por parte de la Policía Nacional, que deberá ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros para garantizar la seguridad y el ejercicio pacífico del derecho a la protesta. Sin embargo, si en el desarrollo de la manifestación se detecta la presencia de armas o la comisión de agresiones, la Policía está autorizada a actuar en cumplimiento de las funciones legales y los principios que rigen el uso de la fuerza.
Datos citados del Ministerio del Interior, obtenidos a través del Observatorio de Conflictividad Social de la Defensoría del Pueblo, evidencian un alza significativa en eventos de protesta y conflicto manifiesto en los últimos años. En 2022, se reportaron 1.427 eventos, cifra que subió a 2.046 en 2023, 3.832 en 2024 y llegó a 4.039 en 2025. Los bloqueos de vías continúan siendo la forma más frecuente de protesta con un 41%, y los reclamos relacionados con la salud aumentaron un 121% en el último año registrado.
El gobierno señala que las normativas previas como el decreto 003 de 2021 presentan vacíos, pues no establecieron claramente la responsabilidad sobre la continuidad de servicios públicos durante bloqueos ni definieron cuáles autoridades deben intervenir. Frente a este panorama, el presidente de la República reafirmó que respetará la autonomía universitaria y el derecho a la protesta, pero enfatizó que las acciones que vulneren la seguridad y fomenten la violencia serán sancionadas. Reiteró que la Policía actuará de manera pronta ante lo que el gobierno califica como “terrorismo urbano” dentro de dichos contextos.
Este proyecto refleja un cambio en la política pública sobre manifestaciones que combina el respeto a los derechos ciudadanos con el fortalecimiento de mecanismos para prevenir y controlar hechos violentos en medio de protestas. Así mismo, busca llenar los vacíos legales respecto a la continuidad de servicios y la definición de responsabilidades institucionales, un aspecto clave para evitar afectaciones a la población general durante eventos de conflicto social.
Redacción ColombiaPrensa
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