COLOMBIA, 1 de octubre de 2026. El vicepresidente de la Cámara de Representantes, Simón Molina Gómez, presentó ante la Corte Constitucional un memorial solicitando que se evalúe si la conducta del exsenador Iván Leonidas Name Vásquez podría haber incidido en la validez de la Ley 2381 de 2024, conocida como reforma pensional. Esta petición surge tras una providencia judicial emitida por el Consejo de Estado el 25 de septiembre de 2026, en la cual se declaró la pérdida de investidura de Name por causal de tráfico de influencias, dentro del escándalo de corrupción relacionado con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
El memorial presentado por Molina señala que la Sala del Consejo de Estado examinó la actuación de Name durante su presidencia del Senado en el periodo legislativo 2023-2024, fuertemente vinculada con el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno. De acuerdo con la providencia, el entonces senador ejerció presiones para, mediante acuerdos con otros funcionarios, obtener dinero a cambio de apartarse de la dirección del trámite legislativo de la reforma pensional.
En el documento se destacan elementos probatorios tales como testimonios, declaraciones juradas, análisis de ubicación de dispositivos móviles, registros de comunicación, informes investigativos y material de la Corte Suprema de Justicia. También se anexaron videograbaciones oficiales de 16 sesiones plenarias del Senado relacionadas con la discusión de la reforma pensional. La providencia observó que en 14 de esas sesiones Name cedió la conducción o no dirigió la plenaria, lo cual fue valorado en el análisis del trámite legislativo.
Molina resalta que el objetivo del memorial es que la Corte Constitucional valore si estos hechos pudieron incidir en aspectos fundamentales del trámite de la Ley 2381, como la deliberación, la publicidad, la participación de las minorías, el cuórum, las votaciones o la formación de la voluntad legislativa. No obstante, aclara que no se plantea que la conducta individual de un congresista por sí sola pueda invalidar una ley, sino que se pretende determinar la relevancia constitucional y probatoria de estos hechos para los procesos en curso.
El memorial también solicita identificar expedientes actuales de constitucionalidad sobre la reforma pensional que estén en trámite, suspendidos o pendientes, a fin de evaluar la pertinencia de incorporar la nueva información y practicar pruebas oficiales como actas, gacetas, órdenes del día, certificaciones de quórum y registros de votación relacionados con el debate legislativo. En caso de que no existan procesos habilitados, se pide que la Corte deje constancia de esta situación.
Por otro lado, la Corte Constitucional ha recibido solicitudes de Colpensiones, el Ministerio de Hacienda y el Banco de la República sobre el futuro de la reforma pensional. La magistrada Paola Meneses informó que estos documentos serán revisados por la Sala Plena, la cual incorporará las peticiones al expediente y evaluará los argumentos antes de emitir una decisión. La entrada en vigencia de la Ley 2381 está prevista para el 1 de abril de 2027.
Molina enfatiza que su petición no busca reabrir ni modificar la Sentencia C-264 de 2026, sino que la Corte valore debidamente los elementos probatorios surgidos con posterioridad para asegurar la transparencia y legitimidad en el proceso legislativo de una norma con alto impacto social y económico.
Redacción ColombiaPrensa
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