COLOMBIA, 6 de octubre de 2026. El presidente Abelardo De La Espriella solicitó a los ministerios de Justicia y Defensa brindar acompañamiento jurídico a los militares colombianos detenidos en Estados Unidos, quienes están señalados por su presunta participación en el magnicidio del expresidente de Haití, Jovenel Moïse.
El mandatario también pidió que se otorgue apoyo económico a las familias de estos militares durante el proceso judicial que adelantan en el extranjero. De La Espriella afirmó que los uniformados no quedarán desamparados y recalcó su compromiso con garantizar que se aclare lo sucedido y la responsabilidad individual de cada implicado.
Las detenciones se originaron en Haití desde julio de 2021, cuando ocurrió el asesinato de Moïse, pero recientemente los militares fueron trasladados a Estados Unidos, donde continúan vinculados a proceso. Según indicó el presidente, la instrucción dada a los ministerios busca respaldar a los militares para que puedan ejercer su derecho a la defensa de manera adecuada.
“El respeto al debido proceso es fundamental, no pueden pagar justos por pecadores”, manifestó De La Espriella, quien ratificó que no abandonará a los uniformados en esta situación. En este sentido, destacó la importancia de que la justicia actúe con todas las garantías mientras se desarrolla la investigación.
Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Mora, confirmó a través de la red social X que el Ministerio acatará la orden presidencial y garantizará asistencia jurídica a los militares, además de acompañar a sus familias durante este difícil momento.
El ministro enfatizó que la institución velará por que el proceso se conduzca con respeto al debido proceso y que se conozca la verdad sobre los hechos. Asimismo, recalcó la necesidad de combinar el respaldo institucional con el respeto estricto a las actuaciones judiciales y garantías procesales vigentes.
De esta manera, el Gobierno nacional asume el compromiso de brindar soporte a los miembros de la Fuerza Pública implicados en el caso, buscando que el proceso judicial sea transparente y justo, y que se esclarezca el magnicidio ocurrido en Haití.
Esta posición gubernamental ha generado opiniones diversas, pero desde la presidencia enfatizan que la prioridad es garantizar la defensa legal de los ciudadanos colombianos involucrados, sin prejuzgamientos y con pleno apego al Estado de Derecho.
Redacción BusinessCol
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