COLOMBIA, 7 de octubre de 2026. El Ministerio del Interior, bajo la dirección del ministro Rodrigo Lara, presentó denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República por presuntas irregularidades en contratos suscritos por la Dirección Nacional de Bomberos durante la administración de Gustavo Petro.
Estos contratos se vinculan a la contratación directa bajo la figura de urgencia manifiesta, utilizada para responder a una emergencia causada por un frente frío que afectó a varios departamentos como Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó, dejando cerca de 250.000 personas damnificadas por inundaciones en 2026.
La denuncia está fundamentada en una auditoría forense ordenada por el Ministerio del Interior, que detectó irregularidades en un contrato por valor de 24.000 millones de pesos con la empresa MAC Soluciones, ubicada en Barranquilla. El estudio reveló que una parte de los elementos adquiridos no fueron entregados a la entidad y algunos pagos se realizaron durante la Ley de Garantías, situación que genera cuestionamientos sobre la legalidad y transparencia de dichos procesos.
El ministro Lara explicó que del total de 42.000 millones de pesos contratados bajo la figura de urgencia manifiesta para atender la emergencia invernal, solo 313 millones se destinaron directamente a la atención de las consecuencias del desastre. El resto del presupuesto fue utilizado para la compra de trajes contra incendios, equipos de respiración y materiales para la atención de sustancias peligrosas, elementos que si bien son necesarios para los cuerpos de bomberos, no guardaban relación inmediata con la urgencia declarada.
Entre los hallazgos principales está el contrato 076 con MAC Soluciones, inicialmente por 16.000 millones con una adición de 8.000 millones de pesos, que alcanzó el límite legal permitido. Además, el contrato fue firmado seis semanas después de declarada la urgencia y cuando ya había finalizado la emergencia. Se pactó un plazo de ejecución de 90 días para la entrega de equipos, lo que, según Lara, no corresponde a la urgencia de una situación de calamidad.
La auditoría detectó también diferencias entre los equipos facturados y los registrados en almacén, específicamente 744 equipos facturados frente a 670 recibidos. Pese a que funcionarios de la Dirección Nacional de Bomberos firmaron un acta de recibo el 20 de junio de 2026, el mismo día se elaboró un acta que dejó los bienes en custodia del contratista, lo que plantea interrogantes sobre la trazabilidad y control de los recursos. Dos días después, el contratista facturó 5.600 millones que fueron pagados, pero hasta la fecha del anuncio ministerial, los artículos solicitados en septiembre aún no habían sido entregados.
El ministro Rodrigo Lara subrayó que la figura de urgencia manifiesta tiene como propósito salvar vidas durante una emergencia y no para evadir los procesos legales. Manifestó públicamente que no puede establecer responsabilidades penales y dejó abierta la investigación para que las autoridades competentes definan las acciones pertinentes.
El análisis de la cartera del Interior sobre los contratos cuestionados abarca inicialmente el contrato con MAC Soluciones y se extenderá a otros tres procesos similares por un monto aproximado de 62.000 millones de pesos. Lara enfatizó que los recursos públicos asignados a los cuerpos de bomberos deben llegar efectivamente a las instituciones y no quedar en bodegas privadas o sin seguimiento claro.
Además, el ministro explicó que la reciente salida del capitán Germán Miranda de la dirección nacional de Bomberos —quien estuvo en el cargo solo tres semanas— fue motivada por la detección de audios en los que se aludían presuntas prácticas indebidas relacionadas con la entrega de dinero a autoridades judiciales para evitar investigaciones, aunque estos hechos estarían asociados a administraciones anteriores y no al actual gobierno.
Las denuncias formuladas por el Ministerio del Interior serán evaluadas por la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría para determinar el inicio de procesos judiciales, disciplinarios o fiscales respecto a las posibles irregularidades en la contratación pública.
Redacción ColombiaPrensa
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