COLOMBIA, 7 de octubre de 2026. El Gobierno nacional dio a conocer un plan de reforma para la consulta previa con el objetivo de agilizar y transparentar los procesos en un plazo máximo de 90 días, informó el ministro del Interior, Rodrigo Lara, a través de sus redes sociales oficiales.
Según explicó Lara, la iniciativa busca digitalizar el 100 % de los expedientes represados actualmente para acabar con la opacidad y el atraso que afectan la toma de decisiones en proyectos estratégicos del país. Esta intervención incluirá la implementación de una ventanilla única digital, la asignación de responsables claros para cada proceso y una calendarización con fechas definidas para su conclusión.
El ministro destacó que la reforma mantendrá el respeto por el derecho fundamental a la consulta previa, pero insistió en que no se permitirá el represamiento ni la falta de trazabilidad de los trámites. Para ello, se plantea la creación de un comité independiente de seguimiento que acompañará los procesos sin sustituir la Autoridad Nacional de Consulta Previa ni intervenir en las decisiones que correspondan a esta entidad.
“El núcleo del derecho no se toca. Lo que se acaba es el expediente sin dueño, el trámite opaco y el proceso que no cierra. Directiva presidencial y proyecto de ley para darle seguridad jurídica, precisión y transparencia al procedimiento”, afirmó el ministro Lara en su cuenta oficial de X.
Desorden en la gestión documental y riesgos de corrupción
En su intervención, Rodrigo Lara explicó que la Dirección Nacional de Consulta Previa enfrenta un desorden significativo, puesto que no hay responsables individuales asignados a los proyectos prioritarios, como el proyecto gas Sirius o el Canal del Dique. Señaló que existen más de 250 consultas distribuidas entre 200 contratistas diferentes, quienes mantienen la información dispersa en sus computadores personales, dado que no existe un sistema digital unificado para cada expediente.
Además, el funcionario afirmó que la entidad carece de un sistema consolidado de gestión documental que permita conocer el estado real de las consultas previas en trámite. Esta situación propicia un contexto vulnerable a actos corruptos, derivado de la falta de trazabilidad y el margen discrecional en los procesos. En ese sentido, señaló que en ocasiones pasadas la consulta previa fue instrumentalizada mediante prácticas extorsivas.
Compromiso con la transparencia y eficiencia
Frente a estos retos, el Gobierno plantea eliminar los obstáculos en la consulta previa mediante un plan de destrabe y sistematización que permita avanzar en cierres efectivos y decisiones oportunas. El plazo marcado para evidenciar resultados concretos es de 90 días, periodo en el que se esperan reducir considerablemente los expedientes represados.
El ministro Rodrigo Lara resaltó la importancia de este proceso para garantizar que los proyectos de desarrollo nacional puedan avanzar con seguridad jurídica y transparencia, sin afectar el derecho de los pueblos y comunidades que deben ser consultados. Además, la digitalización de los expedientes facilitará el seguimiento y control eficiente, contribuyendo a una gestión pública más responsable y accesible.
Esta propuesta de reforma gubernamental evidenció la búsqueda de un equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la articulación de mecanismos que optimicen la gestión pública en consulta previa, aspecto fundamental para proyectos con impacto regional y nacional.
Fuente: El País
Redacción ColombiaPrensa
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