COLOMBIA, 7 de octubre de 2026. El ministro del Interior, Rodrigo Lara, presentó ante el Consejo de Política Criminal el estatuto antiterrorista que contiene más de 130 artículos y que busca crear una lista oficial de organizaciones terroristas reconocidas por el Ejecutivo.
Según explicó Lara, este marco normativo no definirá unilateralmente qué estructuras son consideradas terroristas desde el Ministerio del Interior, sino que se establecerá un procedimiento para incluir o excluir organizaciones. En este proceso, se contempla que algunas agrupaciones puedan ser excluidas si se acogen a la Ley de sometimiento, un proyecto que elabora el ministro de Justicia, Iván Cancino, en conjunto con el Ministerio del Interior.
El estatuto prevé que las organizaciones que cometan actos vandálicos graves, como ataques con granadas o drones, serán catalogadas como terroristas y tratadas como tales, con base en las definiciones que dictamine el Consejo de Seguridad. Este proyecto forma parte de la política anunciada por el gobierno de Abelardo de la Espriella para endurecer el combate contra las estructuras criminales sin conceder beneficios a estos grupos.
El estatuto fue presentado el jueves ante un organismo asesor clave en la política penal colombiana, el Consejo Superior de Política Criminal, que tiene la función de emitir conceptos no vinculantes sobre los proyectos de ley y demás actos legislativos en materia penal que se tramitan en el Congreso.
Este articulado, que ya superó la revisión jurídica por parte de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, establece que las organizaciones armadas ilegales serán comprensivamente consideradas terroristas, lo que implica que podrán ser objeto de operaciones militares como bombardeos. Además, cualquier decisión presidencial derivada de esta ley solo podrá ser revisada por el Consejo de Estado, en primera instancia, de acuerdo con un decreto emitido previamente por el Ministerio de Justicia.
El estatuto también contempla un agravante penal para los miembros de estas estructuras. Esto significa que, además de las penas asociadas a los crímenes que se les imputen, se podrían imponer sanciones adicionales por la pertenencia a grupos dedicados a actividades terroristas.
Este esfuerzo conjunto del Ministerio del Interior y del Ministerio de Justicia refleja la intención del Gobierno nacional de fortalecer el marco legal para la lucha contra el terrorismo y garantizar un enfoque estricto frente a grupos criminales que afectan la seguridad y la convivencia en Colombia.
La información fue suministrada y documentada por El Espectador, medio que ha informado sobre los avances y detalles del estatuto antiterrorista y la Ley de sometimiento en el contexto del gobierno De la Espriella.
Redacción ColombiaPrensa
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