COLOMBIA, 7 de octubre de 2026. La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Luis Daniel Sánchez Suárez por presunta estafa agravada en masa y urbanización ilegal, tras una investigación que señala que estafó a 158 familias en Barbosa, Santander, con la venta irregular de lotes de terreno destinados a proyectos de vivienda de interés social (VIS).
Según el informe oficial, Sánchez Suárez habría desarrollado un esquema fraudulento mediante la captación de fondos de familias de escasos recursos, quienes entregaron sumas importantes de dinero con la ilusión de construir sus hogares en la vereda Cristales de ese municipio. La Fiscalía documentó que estas familias realizaron pagos que oscilaron entre 500.000 y 28 millones de pesos, acumulando un total de más de 1.220 millones de pesos entre 2010 y 2023.
Durante más de una década, Sánchez Suárez utilizó contratos y la vinculación a comités y cuotas de administración para formalizar la comercialización de un total de 127 lotes. Sin embargo, las investigaciones revelaron que los terrenos tenían uso agropecuario tradicional y restricciones ambientales que impedían el desarrollo de proyectos urbanísticos en la zona, lo que hacía inviable la construcción de viviendas.
La Fiscalía señaló que el acusado era propietario de los predios y conocía las limitaciones legales y ambientales que impedían la realización del proyecto, pero continuó promoviendo y vendiendo los lotes sin contar con los permisos municipales requeridos. Esto implicaría que, pese a estar al tanto de estas prohibiciones, Sánchez Suárez persistió en la comercialización irregular de los inmuebles.
El proceso judicial continúa en la Seccional Santander donde se adelantan las acciones penales correspondientes. Por el momento, el imputado no ha aceptado los cargos que la Fiscalía le formuló. La investigación se fortaleció con la integración de múltiples denuncias interpuestas por las familias afectadas.
Este caso resalta la importancia de la supervisión rigurosa sobre los proyectos urbanísticos y la comercialización de propiedades, especialmente cuando involucran a sectores vulnerables que buscan acceder a vivienda propia. Las autoridades llaman a la ciudadanía a verificar siempre la legalidad y condiciones de los terrenos antes de realizar inversiones.
La Fiscalía General de la Nación continúa en la búsqueda de esclarecer los hechos y promover justicia en casos de captación irregular y proyectos urbanísticos ilegales, como se evidenció en este proceso en Barbosa, Santander.
Redacción ColombiaPrensa
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