COLOMBIA, 12 de octubre de 2026. El senador del Centro Democrático Juan Espinal denunció que la consulta previa, derecho fundamental para las comunidades étnicas en Colombia, se ha convertido en un impedimento para el desarrollo de proyectos estratégicos en el país. En entrevista con EL HERALDO, Espinal explicó que aunque la consulta previa está protegida por el Convenio 169 de la OIT y respaldada por la Corte Constitucional, la falta de reglamentación clara ha generado demoras excesivas en los trámites.
El congresista presentó el 1 de septiembre una iniciativa ante el Congreso para establecer un trámite administrativo a nivel nacional que agilice la consulta previa sin intervenir su núcleo esencial. Señaló que desde 2011 se han radicado más de 300.000 solicitudes de consulta previa y solo una de cada seis logra culminar el protocolo establecido. En contraste, países como Perú, Chile y Ecuador resuelven estos procesos en menos de 100 días.
Según Espinal, esta situación provoca que múltiples proyectos de inversión estratégica se retrasen e incluso se trasladan a otros países. Afirmó que cuando una consulta previa fracasa, las comunidades quedan sin los beneficios que podría traer la inversión, además de que el Estado pierde oportunidades económicas. Indicó que el país enfrenta obstáculos estructurales debido a la burocracia y falta de seguridad jurídica en este proceso.
Apoyo de gremios y debate jurídico
El senador indicó que los gremios están plenamente alineados con su proyecto, que busca reglamentar la consulta previa con reglas administrativas claras, tiempos perentorios y condiciones definidas para las comunidades y los inversionistas. Sin embargo, advirtió que persisten dudas sobre si el Gobierno presentará un proyecto de ley o reglamentará la consulta previa por decreto, lo cual genera incertidumbre jurídica.
Espinal recordó que el Congreso ha liderado cinco iniciativas para reglamentar esta materia, todas sin éxito debido a la intención de modificar el núcleo del derecho, lo que implicaría realizar una supuesta “consulta previa a la consulta previa”. Por ello, considera indispensable evitar este escenario y lograr un consenso con el Gobierno nacional para solucionar el problema estructural de retrasos.
Proyectos estratégicos afectados y riesgo de apagón
Entre los proyectos que Espinal cita como afectados por esta tramitología se destacan Sirius, el hallazgo de gas natural más importante en años, que enfrenta actualmente 126 consultas previas y ha logrado completar solo 94 protocolos, manteniéndose suspendido. También mencionó el proyecto Colectora, clave para la seguridad energética de Bogotá, entre otros.
El congresista señaló la posibilidad de que el Gobierno utilice la figura del fast track en caso de decretar emergencia económica por el fenómeno de El Niño, con el fin de adelantar los procesos de licenciamiento y consulta previa para proyectos energéticos listos o en fase avanzada, evitando así un apagón en Colombia.
En su análisis, Espinal aseguró que el riesgo de apagón es inminente debido a la pérdida de autosuficiencia en gas natural durante los últimos años y a un panorama financiero complejo en el sector energético, con deudas millonarias. Propuso que el Gobierno tome medidas urgentes, como maximizar la generación termoeléctrica para aliviar la presión sobre las reservas hidroeléctricas.
De igual forma, sugirió convertir la deuda energética en títulos que faciliten transacciones financieras con garantías para el sector, buscando así la agilidad que requiere el sistema. Espinal espera que estas recomendaciones encuentren eco para proteger la estabilidad energética y evitar crisis mayores en Colombia.
La iniciativa de Juan Espinal ha puesto sobre la mesa la necesidad de modernizar y reglamentar el proceso de consulta previa en Colombia para favorecer la inversión sin perder el respeto por los derechos de las comunidades étnicas, buscando un equilibrio entre desarrollo y justicia social.
Redacción ColombiaPrensa
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