COLOMBIA, 12 de octubre de 2026. El Senado de la República abrió el debate sobre dos proyectos de acto legislativo que buscan modificar aspectos fundamentales de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada en 2016 para atender delitos relacionados con el conflicto armado en Colombia. Además, se analiza un recorte presupuestal al tribunal dentro de la discusión del Presupuesto General de la Nación para 2027.
La JEP, nacida como resultado del acuerdo de paz entre el Estado y la antigua guerrilla de las Farc, tiene entre sus funciones investigar y sancionar los crímenes más graves cometidos en el marco del conflicto, incluyendo a miembros de la Fuerza Pública y excombatientes. Esta jurisdicción transicional se caracteriza por la aplicación de sanciones restaurativas, que buscan priorizar la reparación a las víctimas en lugar de penas privativas de la libertad.
El primer proyecto en estudio es el Acto Legislativo 004 de 2026, promovido principalmente por miembros de la bancada del Centro Democrático, liderados por el senador Rafael Nieto. Este propone instaurar una revisión extraordinaria y automática, con efecto suspensivo, de todas las sentencias sancionatorias emitidas por la JEP contra integrantes de la Fuerza Pública. Dicha revisión estaría a cargo del Tribunal Superior Militar y Policial, que podría modificar, revocar o aplicar penas sustitutivas conforme al Derecho Internacional Humanitario.
Por su parte, el Acto Legislativo 018 de 2026, presentado por el senador Enrique Gómez Martínez del Movimiento de Salvación Nacional, busca declarar improrrogable el periodo de funcionamiento de la JEP, fijando marzo de 2028 como límite para su actividad. Las investigaciones y macrocasos pendientes a esa fecha serían trasladados a la justicia ordinaria, manteniendo las garantías procesales ya adquiridas por los comparecientes.
En paralelo, en el marco de la discusión del Presupuesto General de la Nación para el próximo año, se ha aprobado un recorte de 170 mil millones de pesos destinados a la JEP. De estos recursos, 100 mil millones serían reasignados a la justicia ordinaria y 70 mil millones al sector deportivo. Esta reducción ha generado preocupación entre algunos sectores del Congreso, quienes advierten que afectaría el funcionamiento de la jurisdicción transicional.
La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, ha liderado una mesa técnica en la Comisión Primera del Senado para destacar aspectos positivos de la JEP, subrayando la importancia de no alterar las reglas de juego durante su proceso. En su intervención, enfatizó la necesidad de priorizar “la voz de las víctimas” y señaló que permitir que la Justicia Penal Militar revise las sanciones generaría inseguridad jurídica y ampliaría los tiempos de espera para quienes han sufrido el conflicto.
Por su parte, el senador Alejandro Ocampo, también del Pacto Histórico y segundo vicepresidente del Senado, atribuyó la iniciativa de reformas y el recorte presupuestal a intereses políticos que buscan impedir la verdad sobre crímenes de Estado y paramilitarismo, recordando los registros de 6.402 víctimas de ‘falsos positivos’ documentados por la JEP.
Estas discusiones llegan a un punto crítico debido a que las reformas constitucionales proponen cambios sustanciales en la estructura y operación del tribunal, mientras que el recorte presupuestal podría limitar sus capacidades. Actualmente, el trámite de ambas iniciativas legislativas está programado para las próximas semanas, y el Presupuesto General de la Nación debe ser ratificado por las plenarias del Senado y la Cámara.
La situación presenta un escenario de polarización política frente al papel, alcances y futuro de la JEP en el sistema judicial colombiano y en el proceso de reconciliación del país.
Fuente: Senado de la República.
Redacción ColombiaPrensa
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