COLOMBIA, 12 de octubre de 2026. El gobierno nacional liderado por Abelardo de la Espriella inicia en el Congreso de la República la discusión de cinco proyectos prioritarios para la administración en el segundo semestre del 2026. La agenda legislativa, que inicia formalmente el 13 de octubre, contempla temas vitales como el Presupuesto General de la Nación para 2027, la Reforma al Código Penal, la Ley de Sometimiento, la reforma al Estatuto Antiterrorista y la optimización de la Consulta Previa.
Con un monto propuesto de 634,9 billones de pesos para el próximo año, el proyecto de presupuesto fue radicado el 1 de septiembre en la Secretaría de la Cámara de Representantes. El Ministerio de Hacienda, bajo la dirección de Miguel Gómez Martínez, realizó modificaciones al plan heredado de la administración anterior, priorizando recursos para la asistencia a zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto de 2026 y el sector energético, incluyendo medidas para mitigar la crisis financiera de Air-e frente a la llegada del fenómeno de El Niño 2026-2027.
Según el Ministerio, se trasladaron 3,9 billones de pesos en total, distribuidos en 2,7 billones para el Fondo Milagro, destinado a la reconstrucción, y 1,2 billones para el sector energético. Sin embargo, la propuesta ha generado más de 700 proposiciones en el Congreso, entre ellas solicitudes que no estarían contempladas en el presupuesto como los 1,38 billones requeridos por el ICETEX para cubrir compromisos con estudiantes y egresados con créditos vigentes.
En relación a la Reforma al Código Penal, el Ministerio de Justicia adelanta una iniciativa para agilizar los procesos penales y reducir la congestión judicial. Entre las disposiciones presentadas está la eliminación obligatoria de la audiencia de imputación de cargos, que sería reemplazada por una audiencia de terminación anticipada solo si el imputado opta por mecanismos como el principio de oportunidad o reparación a víctimas. La Fiscalía tomaría la iniciativa de formular acusación directamente ante el juez de control de garantías, buscando un proceso más eficiente y ajustado al sistema penal acusatorio.
Este proyecto ha suscitado debate entre expertos judiciales, quienes valoran los cambios como una medida para optimizar el tiempo y recursos disponibles en la justicia penal. El exprocurador general Jaime Bernal Cuéllar resaltó la importancia del control material de la acusación y enfatizó en la necesidad de revisar la estructura organizativa de la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia para enfrentar los retos actuales.
En materia de seguridad y justicia transicional, el Ministerio de Justicia, liderado por Iván Cancino, impulsó la Ley de Sometimiento, un marco jurídico que promoverá la entrega de bandas criminales y estructuras armadas ilegales sin otorgar reconocimiento político ni espacios de negociación. El proyecto prevé mantener las extradiciones y establecer rebajas penales de aproximadamente un 60 % para quienes entreguen información veraz, reconozcan responsabilidades y colaboren con la reparación a víctimas.
El proceso contemplará un papel activo para la intervención de las víctimas en la definición de beneficios y condiciones, buscando transparencia y justicia. Estas iniciativas se discuten junto con reformas al Código Penal y a la Ley de Orden Público (Ley 418) en las comisiones y plenarias legislativas, mientras sectores de la oposición piden respaldo o cuestionan la magnitud de las medidas.
El senador Hernán Cadavid del Centro Democrático destacó la importancia de construir acuerdos para transformar el país y mencionó acercamientos con el Ministerio del Interior, dirigido por Rodrigo Lara, para avanzar en temas como la descentralización, el Estatuto Antiterrorista y la Ley de Sometimiento. A su vez, el presidente del Senado respaldó la propuesta de ley de sometimiento como una ofensiva contra estructuras ilegales sin permitir impunidad.
En contraste, la senadora Carolina Corcho del Pacto Histórico expresó preocupaciones sobre la legalidad y derechos humanos, señalando que el enfoque hacia menores reclutados en grupos armados podría contravenir la Constitución y el Derecho Internacional Humanitario.
Sobre la Consulta Previa, el Gobierno presentó una reforma orientada a mejorar y acelerar este derecho fundamental colectivo de los grupos étnicos, pueblos indígenas, comunidades negras y otros pueblos étnicos para decidir sobre proyectos o actividades que afecten sus territorios. El ministro del Interior anunció la digitalización y creación de un expediente único para los trámites represados, con la intención de coordinar simultáneamente la Consulta Previa y las licencias ambientales para acortar tiempos administrativos.
La propuesta generó apoyo por parte de sectores empresariales y legislativos que coinciden en la necesidad de procesos transparentes y ágiles que propicien inversión, empleo y desarrollo regional. La senadora María Lucía Villada valoró la iniciativa como una oportunidad para proteger derechos y avanzar en proyectos que impulsan el crecimiento del país.
Finalmente, el Estatuto Antiterrorista presentado por el Ministerio del Interior busca fortalecer la lucha contra organizaciones criminales, estableciendo un registro oficial con más de 130 artículos, mecanismos de congelamiento de activos y una instancia técnica para administrar la lista de estructuras terroristas. Se creó además la oficina del Alto Comisionado Contra el Terrorismo en Dapre y un régimen penitenciario especial para cabecillas, con la intención de endurecer el control y sanciones.
Estos proyectos reflejan las apuestas centrales del gobierno en el Congreso, con un plazo hasta el 20 de octubre para la aprobación del presupuesto y la posibilidad de que otras iniciativas avancen en comisiones y plenarias durante las siguientes semanas, en medio de debates políticos y sociales en torno a sus alcances y aplicaciones.
Fuente: El Nuevo Siglo, https://www.elnuevosiglo.com.co/nacion/radiografia-de-los-cinco-proyectos-clave-que-el-gobierno-se-juega-en-congreso
Redacción ColombiaPrensa
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