COLOMBIA, 27 de octubre de 2026. El Congreso de la República de Colombia estudia varios proyectos de ley que proponen modificar o eliminar los impuestos a las bebidas azucaradas ultraprocesadas y productos comestibles con alto contenido de azúcares, sodio o grasas saturadas, comúnmente denominados impuestos saludables.
Estos gravámenes fueron establecidos mediante la Ley 2277 de diciembre de 2022, que adoptó una Reforma Tributaria para la igualdad y la justicia social. El artículo 54 de esta norma establece el cobro de impuestos a dichos productos, medida que entró en vigencia desde el 1 de noviembre de 2023, con el propósito de contribuir a la protección de la salud pública y reducir la incidencia de enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión y obesidad.
Actualmente, en el Congreso se tramitan iniciativas que buscan una disminución del valor del impuesto o su derogación total. Los argumentos expuestos en estos proyectos incluyen la posible pérdida del poder adquisitivo de las familias en situación de pobreza, la limitada información disponible sobre el impacto real de la medida en la salud pública y las posibles implicaciones negativas para comercios de barrio y pequeños establecimientos comerciales.
Durante el programa Análisis UNAL de Radio UNAL, expertos en seguridad alimentaria de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) analizaron esta propuesta. Cristian Murcia, nutricionista dietista y magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional, destacó que, debido a la reciente implementación de estos impuestos, aún no es posible medir con claridad su impacto en hábitos culturales ni en la salud de la población. Agregó que se requiere un periodo de evaluación mayor a los tres años para realizar un estudio exhaustivo. Para el investigador, la solución no pasa por la derogación, sino por el fortalecimiento de las medidas.
Por su parte, Daniel Bernal, magíster en Seguridad Alimentaria y Nutricional, señaló que los impuestos saludables están alineados con la Ley 2120 de 2021, que determina la necesidad de fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles. Esta ley también ordena el uso obligatorio de etiquetas frontales con sellos hexagonales negros para identificar productos ultraprocesados.
Bernal resaltó la importancia de complementar las medidas tributarias con acciones educativas, informativas y comunicativas para que la población conozca los efectos de estos productos en la salud. Citó el caso de Chile, país pionero en implementar este tipo de regulaciones, que ha adoptado diferentes estrategias para proteger especialmente a la infancia.
El debate en el Congreso continúa abierto, y las autoridades reconocen que el balance entre la protección de la salud pública y el impacto en la economía de las familias y comercios requiere una evaluación cuidadosa.
Redacción ColombiaPrensa
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiaPrensa.