COLOMBIA, 27 de octubre de 2026. El Congreso de la República se prepara para la radicación del proyecto de Estatuto Antiterrorista, impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, iniciativa que fue anunciada semanas atrás por el exministro del Interior, Rodrigo Lara. La propuesta será presentada con mensaje de urgencia y su trámite sería desarrollado en las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes.
El proyecto, que combina disposiciones estatutarias y ordinarias en un documento de 116 páginas, requiere un debate riguroso que incluye análisis en ambas cámaras y control previo de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional. La iniciativa busca establecer una línea dura frente a grupos armados ilegales y organizaciones criminales, acompañándose de una ley para el sometimiento.
No obstante, el texto ya ha generado alertas de órganos judiciales y entidades defensoras de derechos humanos. El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Roberto Solórzano, expresó preocupación por medidas que podrían afectar derechos constitucionales, especialmente en materia de aprehensión y acciones sobre bienes, que podrían aplicarse sin los requisitos establecidos en la ley de extinción de dominio. Señaló que la lista administrativa para la adopción de medidas contra personas o bienes podría implicar dificultades y controversias legales frente a la Corte Constitucional.
Adicionalmente, la creación de un listado oficial de organizaciones criminales y la figura de un alto comisionado contra el terrorismo han sido motivo de cuestionamientos por parte del sector judicial y la Defensoría del Pueblo.
Advertencias de la Defensoría del Pueblo
La Defensoría del Pueblo, bajo el liderazgo de la defensora Iris Marín, votó en contra del proyecto en el Consejo Superior de Política Criminal y formuló reparos considerables. La entidad advirtió que las definiciones de “terrorismo” y “colaborador” son vagas y podrían afectar el principio de legalidad, criminalizando la protesta social, la defensa de derechos humanos y actividades humanitarias.
La Defensoría subrayó que el borrador mezcla de forma equívoca actos terroristas con crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y delitos comunes, que requieren tratamientos jurídicos diferenciados. También objetó la creación de un Registro Nacional de Actores Terroristas administrado por el Ejecutivo, ya que permitiría congelar bienes, restringir derechos y suspender personerías jurídicas de forma administrativa y casi inmediata sin intervención judicial ni garantías de contradictorio.
Además, alertó que el proyecto sanciona el apoyo a grupos armados sin distinguir entre actuación voluntaria y conductas bajo coacción o dominio de estructuras criminales. Enfatizó que herramientas como la extinción de dominio ya existen con mayores garantías y crear vías paralelas y menos protectoras puede generar riesgos significativos de inconstitucionalidad conforme al artículo 34 de la Constitución Política.
Debate y posiciones en el Congreso
A pesar de las críticas, el proyecto tiene defensores dentro del Congreso. El senador Hernán Cadavid ha solicitado al Gobierno que radique formalmente el Estatuto Antiterrorista con mensaje de urgencia para su trámite legislativo. En las bancadas se prevé un debate intenso en las próximas semanas, que incluirá revisión técnica y balance de garantías constitucionales y de seguridad.
El Estatuto Antiterrorista se perfila como una iniciativa clave en la agenda legislativa para fortalecer la lucha contra grupos armados y organizaciones del crimen organizado, aunque enfrentará la difícil tarea de conciliar el enfoque de mano dura con las salvaguardas constitucionales y los derechos fundamentales.
Redacción ColombiaPrensa
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