COLOMBIA, 4 de noviembre de 2026. La Ley de Sometimiento, iniciativa que afecta la política conocida como ‘paz total’, fue remitida formalmente para su sanción presidencial tras culminar su trámite en el Congreso de la República. Los presidentes de Senado y Cámara, Honorio Henríquez y Nicolás Barguil, respectivamente, junto con los secretarios de las corporaciones firmaron el texto final que ahora está en manos del presidente Abelardo de la Espriella para su aprobación definitiva.
El presidente de la Cámara destacó la importancia de esta ley para fortalecer la justicia y la autoridad en el país, señalando que quienes hayan cometido delitos deben ser responsables ante la ley. Tras la firma presidencial, la norma entrará en vigencia a partir del 5 de noviembre, dando paso a un nuevo marco legal para abordar las organizaciones armadas ilegales.
Aspectos centrales de la Ley de Sometimiento
La norma desmonta la política de ‘paz total’ y establece un régimen penal diferenciado para los integrantes de grupos armados ilegales que decidan acogerse a la justicia. En este sentido, los miembros rasos podrán acceder a reducciones de pena de hasta el 50%, mientras que quienes hayan tenido cargos de mando recibirán rebajas máximas de 30%.
La ley excluye beneficios para quienes recluten menores de 14 años, imponiendo una condena mínima de 10 años para estos casos. En contraste, el reclutamiento de adolescentes entre 14 y 18 años podrá accionar medidas atenuantes de entre el 10% y el 30% sobre la sanción.
En términos de control de bienes ilegales, los testaferros o terceros responsables deberán cumplir una pena mínima de seis años siempre que entreguen todos los activos ilícitos bajo su custodia.
Condiciones y limitaciones
Se establece como principio fundamental que no habrá negociación política con grupos armados ilegales ni concesión de estatus político a estas organizaciones criminales. Además, queda prohibida la suspensión de órdenes de captura o extradición para miembros en proceso de desmovilización, asegurando que la justicia no sea obstruida.
Todos los criminales acogidos a esta Ley deberán cumplir una pena mínima de 10 años de prisión, pudiendo esta cumplirse en granjas agrícolas o centros especiales de reclusión designados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).
La vigencia de la ley será de cuatro años, lo que permitirá al Gobierno entrante definir su política criminal y de paz frente a las estructuras armadas ilegales durante este periodo.
Contexto y próximos pasos
La Ley de Sometimiento surge en medio de un debate nacional sobre la eficacia de las políticas de paz que se han implementado en años recientes, buscando ofrecer un tratamiento más estricto frente a las organizaciones armadas y sus conductas delictivas.
Con la firma del presidente Abelardo de la Espriella, quien es el actor principal de este proceso normativo, la ley entrará en vigor formalmente. Su promulgación marca un nuevo momento en la estrategia estatal para la recuperación de la autoridad y la garantía del cumplimiento de las normas jurídicas.
El presidente De la Espriella ha reiterado su compromiso en hacer cumplir la ley y esta acción legislativa complementa su gestión en defensa del orden público y la seguridad ciudadana.
Redacción ColombiaPrensa
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