COLOMBIA, 5 de noviembre de 2026. El presidente Abelardo de la Espriella emitió una orden categórica dirigida a todos los interventores de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) intervenidas, prohibiéndoles reunirse o tener cualquier tipo de contacto con Mario Andrés Urán, médico y empresario vinculado al sector salud en Colombia. De la Espriella advirtió que quien incumpla esta disposición será separado inmediatamente de su cargo.
El anuncio fue hecho a través de su cuenta de X, en el que calificó a Urán como una persona relacionada con negociados e irregularidades dentro del sistema de salud. Según el presidente, su gobierno busca erradicar mafias y corrupción en el sector, remarcando que los recursos de salud son sagrados y deben destinarse exclusivamente a la atención oportuna de los pacientes.
Trayectoria de Mario Urán en el sector salud
Mario Andrés Urán es un médico cirujano nacido en Medellín y criado en Sincelejo, cuya carrera ha estado vinculada tanto al sector público como a empresas privadas del ramo farmacéutico y asegurador. Fue subsecretario de Salud de Bogotá entre 2004 y 2007 y posteriormente trabajó en la farmacéutica Roche en un cargo gerencial. Durante su gestión en el sector público, estuvo a cargo de Caprecom, una EPS estatal que eventualmente fue liquidada.
En 2018 regresó a la industria farmacéutica en Lafrancol, filial del laboratorio Abbott, y formó parte de la junta directiva de la Cámara de Medicamentos de la Andi. Para 2024, se desempeñaba como asesor externo de la EPS Coosalud.
Investigaciones y señalamientos contra Urán
El nombre de Urán ha estado en el centro de múltiples investigaciones por supuestas irregularidades en la administración de EPS intervenidas por el Estado. En septiembre de 2024, la Superintendencia de Salud (Supersalud) detectó que Urán, aunque vinculado a Coosalud, recibía y manejaba información financiera confidencial de tres EPS intervenidas, lo que generó sospechas sobre una posible red de direccionamiento de contratos y pagos a determinadas instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS).
La Supersalud reportó una presunta conspiración que favorecería a ciertos hospitales y laboratorios, y que presuntamente incrementaba los costos operativos de las EPS al involucrar a personas externas para tareas que deberían cumplir los interventores. Este caso fue remitido a la Fiscalía en octubre de 2024, tras lo cual el director de la entidad dejó el cargo a petición de la Casa de Nariño.
En febrero de 2025, la Fiscalía inició otra línea de indagación para aclarar si Urán estaría vinculado como socio oculto de una clínica oncológica que habría recibido pagos millonarios de las EPS intervenidas. Además, la Procuraduría publicó un informe que relacionaba a personas implicadas en la gestión de estas EPS con empresas cercanas a Urán, sugiriendo un posible direccionamiento en los contratos.
La última denuncia, de agosto de 2026, incluyó declaraciones del entonces superintendente de Salud, Daniel Quintero, que señaló la existencia de “oficinas paralelas de contratación” que influenciaban a interventores para asignar contratos multimillonarios a ciertas compañías a través de intermediarios vinculados a Urán.
Respuestas y posiciones de actores políticos
La situación ha causado división en el escenario político. La exsenadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, vinculó el caso con los riesgos de otorgar mayor control estatal sobre el sistema de salud a funcionarios políticos. Por su parte, el expresidente Gustavo Petro sostuvo que la responsabilidad recaía en la EPS Coosalud, entidad privada para la cual trabajaba Urán, y no en las EPS intervenidas directamente por su gobierno.
Defensa de Mario Urán
Ante los señalamientos, Urán ha negado cualquier gestión irregular sobre recursos de salud a través de sus representantes legales. En 2024, su abogado destacó que las afirmaciones de la Supersalud no consideraban la dinámica real del sector salud y afirmó que Urán no dirigió ni destinó recursos de manera indebida.
Respecto a las acusaciones relacionadas con la clínica oncológica, Urán aseguró que si hubo conversaciones para una posible asociación, estas no se formalizaron y negó categóricamente el direccionamiento de recursos.
Contexto actual y alcance de la prohibición
Actualmente, la Fiscalía no ha reportado imputación de cargos contra Mario Urán. Sin embargo, la decisión del presidente de prohibir la interacción de Urán con los interventores de EPS tiene como propósito evitar que presuntas irregularidades sigan afectando la administración de estas entidades en manos del Estado.
Los interventores, designados por la Supersalud, tienen la responsabilidad de administrar estas EPS cuando presentan problemas financieros o de atención, para proteger los recursos públicos y garantizar el acceso a la salud de los colombianos.
Redacción ColombiaPrensa
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