COLOMBIA, 16 de noviembre de 2026. La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes comenzó a tomar decisiones cruciales sobre investigaciones relevantes contra expresidentes, fiscales, magistrados y otros aforados. En el despacho de congresistas específicos recayó la responsabilidad de avanzar con procesos trascendentales relacionados con figuras como Gustavo Petro y Álvaro Uribe.
De las más de 370 investigaciones abiertas contra el expresidente Gustavo Petro, cerca de 350 corresponden a representantes del Pacto Histórico, mientras que las restantes, incluidas las más sensitivas, fueron asignadas a miembros de oposición e independientes. Entre ellas destaca la indagación sobre presunta financiación irregular en la campaña presidencial de 2022, que tras un análisis exhaustivo de un triunvirato de representantes del Pacto Histórico y Partido de La U, concluyó en la recomendación de abrir investigación formal, aunque un representante cercano a Petro solicitó inhibirse.
El caso ahora está en manos del presidente de la Comisión, Carlos Cuenca, representante de Cambio Radical e independiente del expresidente. Cuenca debe evaluar de manera imparcial el expediente para decidir si procede la apertura formal de la investigación o se archiva. Su decisión será fundamental frente a denuncias que incluyen evidencias administrativas del Consejo Nacional Electoral que señalan posibles violaciones a los topes electorales en la campaña presidencial de Petro.
Además, Cuenca también adelanta la investigación sobre el llamado “Pacto de Valledupar”, una reunión disputada sobre supuestas presiones a exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia para afectar la candidatura de Abelardo De La Espriella, Álvaro Uribe y Germán Vargas Lleras. Este proceso se complementa con denuncias alrededor de un viaje diplomático del expresidente Petro a París durante la Cumbre para un Nuevo Pacto Financiero Mundial, cuyo desenlace indaga sobre la posible falsificación de documentos públicos y el incumplimiento de protocolos oficiales.
En materia judicial, Cuenca ha impulsado la solicitud de examen toxicológico a Petro, inicialmente sin éxito, pero la petición podría retomar fuerza con base en las investigaciones actuales y testimonios presentados ante la Comisión, incluyendo un testimonio clave del excanciller Álvaro Leyva. En paralelo, la Comisión analiza posibles solicitudes de cooperación internacional para fortalecer la verificación de estos hechos.
Por su parte, el representante Daniel Briceño, del Centro Democrático, administra un conjunto adicional de investigaciones contra Petro, entre ellas la divulgación en redes sociales de la historia clínica de un menor fallecido, un caso que se considera de fácil resolución por estar involucrada la divulgación de información reservada conforme a la ley. Briceño también revisa la investigación por el llamado “tarimazo” durante un acto público en Medellín, en el que se habrían usado recursos públicos para movilizar a integrantes de estructuras criminales.
Asimismo, Briceño atiende los procesos vinculados a las denuncias por los llamados “sexocontratos” en el gobierno de Petro, basados en testimonios y comunicaciones que comprometen directamente la asignación de contratos estatales presuntamente condicionados a favores personales.
En relación con el expresidente Álvaro Uribe, la Comisión ha asignado 49 investigaciones que están siendo evaluadas por miembros de diversos partidos políticos. En paralelo, se examinan investigaciones contra la fiscal Luz Adriana Camargo y el exfiscal Néstor Humberto Martínez, mientras que la exmagistrada Cristina Lombana y los magistrados Vladimir Fernández y Carlos Camargo afrontan procesos disciplinarios.
Finalmente, el presidente Abelardo De La Espriella, en sus primeros meses de gestión, también cuenta con múltiples investigaciones asignadas a ponentes de diferentes partidos, demostrando la amplitud del trabajo que enfrenta actualmente la Comisión en su labor de control político e investigación judicial.
Redacción ColombiaPrensa
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