COLOMBIA, 26 de octubre de 2026. Desde su llegada al poder en agosto de 2026, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha implementado una estrategia gubernamental que presenta claras influencias de líderes ultraderechistas en América, como Donald Trump, Nayib Bukele y Javier Milei. Esta orientación se centra en la seguridad y el impulso de una gobernanza marcada por el personalismo, el recurso a simbología religiosa y un discurso crítico hacia la oposición política.
La seguridad ha sido uno de los pilares en la agenda inmediata del mandatario, quien diariamente da a conocer, a través de redes sociales, operaciones policiales con incautaciones de drogas y armas, detenciones y abatimientos relacionados con grupos criminales y presuntos guerrilleros. De la Espriella ha enfatizado la necesidad de ejercer un control fuerte, con “mano de hierro” y el respaldo de las leyes nacionales, lo que lo ha llevado, en términos polémicos, a mostrarse caminando entre cadáveres durante redadas y portando armamento en eventos oficiales en Santa Marta.
Inspirado en el modelo salvadoreño, el Gobierno nacional ha avanzado en la construcción proyectada de hasta seis megacárceles, con el fin de contener el crimen organizado. Por otro lado, la oposición encabezada por el izquierdista Pacto Histórico, grupo político del expresidente Gustavo Petro (2022-2026), ha sido objetivamente señalada por De la Espriella, a quien acusa de dejar las finanzas públicas en un estado crítico debido a supuestos malos manejos y corrupción.
En materia de comunicación, el presidente ha concentrado el control informativo como única fuente oficial, limitando la voz de altos funcionarios y restringiendo que ofrezcan declaraciones sin autorización previa. Durante sus primeras semanas en el cargo, no ha brindado conferencias de prensa con espacio para preguntas ni ha concedido entrevistas, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia y la rendición de cuentas del Ejecutivo.
De la Espriella también ha estrechado relaciones internacionales, alineándose con Estados Unidos a través del Escudo de las Américas, una alianza en seguridad regional promovida por Washington, y avanza en el proceso de retirar a Colombia de la Corte Penal Internacional. Asimismo, ha mostrado un respaldo adelantado a Israel, incluyendo el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán y el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén, una decisión que supera posiciones similares adoptadas por otros mandatarios de derecha en la región.
En el área fiscal, el jefe de Estado dio inicio a su administración prometiendo una drástica reducción del gasto público del 40%, siguiendo el modelo aplicado en Argentina por Javier Milei. Esta orientación presupuestal se ha materializado en el primer presupuesto general aprobado por decreto, que contempla recortes en varias áreas incluyendo la Justicia Especial para la Paz (JEP), el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, así como en contratos, burocracia, subsidios y ayudas sociales.
Uso de la religión y contrarrevolución cultural
La presencia de símbolos cristianos ha sido prominente en la administración de De la Espriella desde su investidura, adoptando prácticas como cerrar discursos con el grito de “¡Viva Cristo Rey!”, lo que ha generado denuncias por posibles incumplimientos al principio de laicidad en el Estado. En su gabinete, se destaca la inclusión de representantes evangélicos, emulando tendencias observadas en Brasil con los expresidentes Jair Bolsonaro y su hijo Flavio.
Adicionalmente, el Gobierno ha anunciado una “contrarrevolución cultural” destinada a eliminar lo que denomina “wokismo” dentro de las instituciones públicas. En este contexto ha suscitado controversia la decisión de retirar cerca de 30 piezas del Museo Nacional, generando protestas y acusaciones de censura, recordando episodios similares acaecidos con institutos culturales en Estados Unidos durante mandatos de líderes ultraderechistas.
Política migratoria y territorial
En materia migratoria, De la Espriella ha prometido identificar y deportar a inmigrantes en situación irregular, con algunas acciones puntuales de la Policía Nacional en ciudades como Cartagena, Medellín, Cúcuta y Bucaramanga, aunque la medida no ha sido prioritaria en el enfoque gubernamental.
Por último, el Gobierno ha comunicado que en el plazo de un mes dará a conocer sus reclamos sobre territorios marítimos en el Caribe, incluyendo islotes y arrecifes del archipiélago de San Andrés, un paso que podría reavivar un viejo conflicto limítrofe con Nicaragua. Esta iniciativa es vista dentro de un patrón de acción y retórica similar a la utilizada en otras latitudes en contextos de disputa territorial.
Redacción ColombiaPrensa
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