COLOMBIA (Febrero 18 de 2025). En Colombia, y especialmente en Bogotá, cada vez son más los ciudadanos que denuncian los abusos cometidos por parqueaderos cuando sus vehículos son embargados por procesos judiciales derivados de deudas con entidades financieras o bancarias. Este problema ha sido expuesto recientemente por el Concejal Daniel Briceño y el Analista Político, Social y Empresarial Fernando Basto C, quienes han alertado sobre una serie de irregularidades que afectan a los propietarios de vehículos embargados.
El viacrucis de los propietarios de vehículos embargados
Según denunció Fernando Basto C, cuando una persona se atrasa en el pago de su crédito vehicular y sufre un embargo, inicia un proceso que, en teoría, debería permitirle recuperar su vehículo tras ponerse al día con sus obligaciones. Sin embargo, la realidad es muy distinta.
Los ciudadanos que pagan sus deudas y reciben la orden judicial para retirar su vehículo del parqueadero judicial se enfrentan a una sorpresa indignante: facturas que superan los ocho millones de pesos en cobros por estacionamiento. Esto, a pesar de que la tarifa mensual de un parqueadero regular en Bogotá no debería superar los $300 mil.
“Les están cobrando por minutos sin ningún tipo de control”, advirtió Fernando Basto, señalando que estos parqueaderos operan sin regulación y no están registrados ante el Consejo Superior de la Judicatura. Además, los afectados han intentado buscar ayuda en diversas entidades sin éxito: ni la Procuraduría, ni la Personería de Bogotá, ni la Superintendencia de Industria y Comercio han ofrecido soluciones efectivas a esta problemática.
El papel del Consejo Superior de la Judicatura
Uno de los puntos más preocupantes de esta situación es la falta de regulación y control sobre estos parqueaderos. De acuerdo con la denuncia, el Consejo Superior de la Judicatura, en lugar de garantizar reglas claras y proteger a los ciudadanos, derogó su propia resolución en 2024, lo que dejó a los propietarios de vehículos aún más desprotegidos.
Esta decisión ha generado un vacío normativo que permite que algunos parqueaderos cobren tarifas excesivas sin justificación, afectando gravemente a ciudadanos que ya enfrentaban dificultades económicas.
Llamado a la justicia y a las autoridades
El Concejal Daniel Briceño hizo un enérgico llamado a la Rama Judicial y a las autoridades administrativas encargadas de regular estos procesos.
“Ustedes están investidos por la Constitución para hacer justicia, para proteger al ciudadano, no para clavarlo”, manifestó Briceño. Asimismo, exigió que se revise el funcionamiento de los parqueaderos donde son llevados los vehículos embargados y que se establezcan tarifas justas y reguladas.
Por su parte, Fernando Basto Correa insistió en la urgencia de que las instituciones de control investiguen y tomen medidas para evitar estos abusos que afectan a ciudadanos de a pie.
Este caso pone en evidencia una grave falla en el sistema de justicia colombiano, donde la desregulación y la falta de control han permitido que algunos operadores de parqueaderos lucren de manera desmedida a costa de quienes atraviesan dificultades financieras.
¿Qué pueden hacer los ciudadanos afectados?
Ante esta situación, los ciudadanos que enfrenten cobros excesivos por parqueaderos judiciales pueden:
- Radicar quejas formales ante el Consejo Superior de la Judicatura y otras entidades que consideren pertinentes como Superintendencia de Industria y Comercio, la Procuraduría General de la Nación y la Personería de Bogotá.
- Denunciar públicamente estos abusos a través de redes sociales y medios de comunicación para generar presión ciudadana.
- Solicitar la intervención de la Defensoría del Pueblo para que interceda en la protección de sus derechos.
- Revisar las tarifas autorizadas y exigir transparencia en los cobros, con el respaldo de abogados especializados en estos procesos.
El abuso en los parqueaderos judiciales es un reflejo más de las fallas estructurales en la administración de justicia y la regulación económica en Colombia. La ciudadanía espera respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades.
Redes Sociales Concejal Daniel Briceño
Redes Sociales Fernando Basto C.
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