COLOMBIA, 28 de agosto de 2026. El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que puso en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación las actuaciones relacionadas con la apertura, instalación y puesta en funcionamiento del Consulado de Colombia en Tijuana, con el objetivo de garantizar la transparencia y protección de los recursos públicos en este proceso.
La comunicación enviada a estos organismos de control detalla las actividades desarrolladas por las diferentes dependencias administrativas de la Cancillería, incluyendo el proceso de selección del inmueble para la sede consular, así como las obligaciones contractuales para la adecuación y operación del local, enfatizando que hasta la fecha no se ha asignado una partida presupuestal específica para esta apertura.
El Ministerio, en ejercicio de sus facultades, pidió a las autoridades competentes adelantar las verificaciones e investigaciones pertinentes para determinar si existen conductas penalmente relevantes y, de ser así, establecer las responsabilidades individuales correspondientes. Sin embargo, enfatiza que esta comunicación no implica una imputación anticipada de responsabilidades contra ninguna persona, dejando esta función exclusivamente a los organismos constitucionales encargados.
La Cancillería subrayó la importancia de distinguir entre la designación administrativa de la autoridad consular y la culminación del proceso operativo y administrativo que permite la puesta en marcha de una nueva sede. En ese sentido, aclaró que tener una Cónsul designada no implica que todos los procesos contractuales, presupuestales y de habilitación física estén finalizados.
De acuerdo con la entidad, el proceso para la apertura del Consulado de Colombia en Tijuana comenzó incluso antes de la designación de la Cónsul General, Maryory Ecineth Pabón Gavilán, quien fue nombrada provisionalmente mediante el Decreto 0033 del 20 de enero de 2026, en su calidad de Ministro Consejero adscrita al consulado.
Las actuaciones administrativas contemplaron una evaluación exhaustiva por parte del Comité para Asuntos de Inmuebles en el Exterior, que analizó seis alternativas para la sede, valorando criterios como ubicación, accesibilidad, área, seguridad, costos de arrendamiento y condiciones contractuales, así como las adecuaciones requeridas para el inmueble.
Adicionalmente, se adelantaron trámites para la creación formal de la sede en los sistemas institucionales, la apertura de cuentas bancarias y la definición de las necesidades en dotación de mobiliario y equipos necesarios para la operación del consulado.
El Ministerio de Relaciones Exteriores reafirmó su compromiso con la legalidad, transparencia, responsabilidad fiscal, planificación y defensa del patrimonio público como pilares fundamentales en la ejecución de todas las etapas para la apertura de esta oficina consular.
Finalmente, la Cancillería ratificó que continuará colaborando con los organismos de control, suministrando toda la información que sea requerida para las investigaciones que se adelanten y enfatizó que su prioridad es garantizar una presencia consular efectiva y transparente que responda al servicio de los colombianos en el exterior.
Redacción ColombiaPrensa
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