COLOMBIA, 24 de agosto de 2026. Colombia anunció la intención de eliminar el impuesto sobre el patrimonio, una decisión que marcaría un cambio fiscal significativo para el país y lo distanciaría aún más de España dentro del contexto de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El presidente Abelardo de la Espriella, en su discurso de investidura el 7 de agosto, manifestó su compromiso por derogar este impuesto que grava la riqueza, argumentando que es necesario dejar de castigar a quienes invierten y generan riqueza en Colombia.
Este tributo ha estado presente en la economía colombiana, en diferentes formas, durante más de 25 años. Fue instaurado inicialmente en 1935, aunque fue suspendido en 1992 y retomado en 2002 como una medida temporal para financiar la lucha contra grupos armados ilegales. Sin embargo, su permanencia se extendió a lo largo de distintas administraciones, con modificaciones en las tasas, umbrales y sujetos pasivos.
Durante el mandato de Gustavo Petro (2022-2026), el impuesto se mantuvo como una figura permanente, con reducciones en los mínimos exentos y alzas en las tarifas, llegando a un tipo máximo del 5%, aunque la Corte Constitucional declaró inconstitucional en abril de 2026 el decreto que establecía modificaciones vía emergencia. A pesar de esta complejidad legal y política, la recaudación anual obtenida por este impuesto representó una proporción marginal de los ingresos tributarios totales del país, con un impacto limitado en la financiación pública.
Impacto económico y movilidad de capitales
El gravamen sobre el patrimonio ha sido objeto de debate económico debido a su influencia en la movilidad de capitales y la residencia fiscal de personas con alto poder adquisitivo. Entre 2010 y 2018, más de 8.000 colombianos renunciaron a su nacionalidad y emigraron, motivados parcialmente por la presión fiscal. En 2025, al menos 150 contribuyentes con patrimonios superiores a un millón de dólares trasladaron su residencia fuera del país, evidenciando la fuga de capitales asociada al impuesto.
Un caso emblemático que ejemplifica estas dinámicas fue el del reconocido futbolista Radamel Falcao, quien en 2024 enfrentó dificultades para renovar contrato con un club colombiano debido a las implicaciones fiscales vinculadas a su condición de residente fiscal en Colombia y la posible tributación sobre su patrimonio global.
Situación internacional y comparación con España
Colombia se encuentra en una minoría dentro de la OCDE en mantener un impuesto sobre el patrimonio, junto a España, Noruega y algunas regiones de Suiza. Gran parte de las potencias europeas eliminaron estas figuras fiscales en las últimas tres décadas debido a su limitada eficacia recaudatoria y efectos adversos en la acumulación de capital. Países como Francia, Alemania, Suecia y Austria ya no aplican este impuesto.
España, por el contrario, mantiene activa esta tributación y la ha reforzado con un Impuesto Temporal de Solidaridad para grandes fortunas, creando un régimen que destaca por su severidad fiscal respecto a otros países desarrollados. La decisión de Colombia de suprimir el impuesto profundiza la divergencia en materia tributaria, dejando a España aún más aislada en la OCDE en cuanto al uso de este impuesto.
El gobierno de Abelardo de la Espriella enfatiza que la eliminación del impuesto busca fomentar la inversión, la acumulación de capital y la creación de riqueza, aspectos que han mostrado bajo dinamismo en Colombia en años recientes. En ese sentido, la medida se inscribe dentro de una estrategia económica orientada a estimular el crecimiento y mejorar la competitividad del país.
La fuente de esta información es un análisis publicado por Libertad Digital el 10 de agosto de 2026, el cual expone detalladamente la historia y contexto del impuesto sobre el patrimonio en Colombia y su comparación internacional.
Redacción ColombiaPrensa
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