COLOMBIA, 14 de octubre de 2026. Distintos sectores sindicales y partidos de oposición al gobierno del presidente Abelardo de la Espriella realizaron una jornada masiva de protestas en Bogotá y otras ciudades colombianas. La movilización fue convocada para expresar su rechazo a políticas que, según sus críticos, resultan regresivas en temas sociales y laborales.
La marcha, anunciada por el expresidente Gustavo Petro, quien concluyó su mandato en agosto, buscó visibilizar preocupaciones frente a posibles reducciones del salario mínimo y modificaciones legales que podrían afectar derechos laborales, la educación pública y el derecho a la protesta.
En ese contexto, el nuevo gobierno implementó un decreto que actualiza el protocolo del uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional durante manifestaciones públicas. La norma establece que la intervención policial puede darse sin necesidad de agotar previamente mecanismos de diálogo si se presentan actos de violencia o vandalismo, y que este diálogo podrá retomarse una vez cesadas dichas acciones.
Según lo expuesto por las autoridades, estas modificaciones buscan proteger el derecho a la protesta pacífica garantizando al mismo tiempo la seguridad pública y evitando bloqueos que puedan afectar a los ciudadanos.
El presidente De la Espriella señaló que se respetan las manifestaciones pacíficas pero no se tolerará ningún acto violento o vandálico. Asimismo, enfatizó que quienes actúen violentamente enfrentarán el peso de la ley, respetando el debido proceso judicial.
Preocupación y rechazo en movimientos sociales
La actualización del protocolo ha generado inquietudes en sectores sociales y políticos, especialmente entre las organizaciones de izquierda y movimientos sociales, que advierten sobre un posible uso excesivo de la fuerza. Se recuerda con preocupación la violencia que tuvo lugar en protestas anteriores, donde hubo denuncias contra miembros de la fuerza pública por agresiones y muertes de manifestantes.
En ese sentido, la congresista Jennifer Pedraza, en representación de grupos críticos al gobierno, anunció que presentará acciones jurídicas para que el Consejo de Estado evalúe y eventualmente anule el decreto, argumentando que resulta regresivo y contrario a la Constitución.
Para muchos manifestantes, este episodio simboliza una crisis en las garantías para la protesta y el respeto a los derechos fundamentales, aumentando la tensión política y social en un país que ya enfrenta divisiones marcadas.
Contexto y desafíos del gobierno
De la Espriella, quien asumió la presidencia hace poco más de dos meses, también enfrenta críticas por sus políticas de mano dura contra el narcotráfico, el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Israel, y la cercanía con Estados Unidos, decisiones que han generado preocupación en ciertos sectores por posibles impactos en la soberanía nacional.
Además, sectores indígenas manifiestan su inconformidad con propuestas de regulación sobre la guardia indígena, un organismo civil que protege territorios ancestrales, considerando que el gobierno no representa sus intereses. Las protestas indígenas coinciden con las convocatorias nacionales y representan otro frente de exigencias sociales.
Finalmente, la imagen pública del gobierno también se ha visto afectada por cuestionamientos sobre la transparencia en el manejo de recursos destinados a la atención de víctimas del sismo ocurrido en agosto, particularmente relacionados con actividades de la esposa del presidente.
La jornada del miércoles constituyó un primer gran test para la administración De la Espriella, tanto en términos de gestión de la seguridad pública como en la capacidad de diálogo con sectores críticos dentro del país.
Redacción ColombiaPrensa
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiaPrensa.