COLOMBIA, 14 de octubre de 2026. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia retomará próximamente sus actividades tras el ingreso de recursos que permitirán reactivar la revisión y trámite de las más de 2.400 investigaciones pendientes bajo su responsabilidad.
El anuncio fue efectuado por el representante Daniel Briceño, quien explicó que el Gobierno nacional, a través de instancias administrativas de la Cámara, giró los recursos necesarios para garantizar el funcionamiento de la Comisión hasta finales de año. Esto posibilita la contratación del personal especializado en derecho penal y disciplinario requerido para avanzar en la gestión de los expedientes acumulados durante la inactividad de casi dos meses de la Comisión.
Según Briceño, la Comisión se encontraba paralizada desde el 20 de julio, fecha en que asumió el actual Congreso, debido a la falta de presupuesto. La llegada de los recursos permitirá clasificar los procesos según su prioridad jurídica, determinar los plazos procesales próximos a vencer y atender aquellos expedientes cuya prescripción pudiera estar en riesgo. Este proceso será clave para planificar y agilizar el desarrollo de las investigaciones.
La Comisión deberá vincular abogados y asesores especializados que formen parte de los equipos de trabajo, encargados de examinar minuciosamente los expedientes para identificar los casos que requieren atención prioritaria. Posteriormente, se asignarán ponentes entre los 17 representantes e investigadores que integran la Comisión para continuar con los trámites correspondientes.
Entre los procesos pendientes se destacan investigaciones relacionadas con expresidentes, exmagistrados, exfiscales y otras figuras públicas. Uno de los casos relevantes en curso es el que indaga la presunta financiación irregular de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022. En dicho proceso, varios congresistas han manifestado posturas divergentes sobre la continuidad o inhibición de la investigación.
Adicionalmente, la Comisión deberá atender denuncias presentadas por el excontralor general Carlos Felipe Córdoba, que se centran en presuntos seguimientos y perfilamientos realizados por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Petro.
Otro caso de reciente ingreso incluye la solicitud para investigar posibles irregularidades en las actuaciones de la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Lombana, en el proceso contra la senadora Martha Peralta, vinculado al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Esta investigación abarca aspectos relacionados con la comparecencia de la congresista a una audiencia y cuestionamientos sobre el debido proceso.
Los miembros de la Comisión deberán además definir la asignación de ponentes y evaluar posibles impedimentos de los congresistas para participar en ciertos expedientes, especialmente aquellos con vínculos políticos o de funcionarios públicos. La estructuración organizada y priorizada de las investigaciones facilitará un avance efectivo en los casos que están bajo la competencia de este órgano legislativo.
El proceso administrativo para la contratación del personal y la puesta en marcha de las actividades serán determinantes para que las investigaciones recuperen su marcha luego del periodo de inactividad, consolidando el compromiso institucional de seguir adelante con los casos esenciales para la transparencia y el debido proceso en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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