COLOMBIA, 14 de agosto de 2026. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado admitió una demanda de nulidad contra la representante a la Cámara por el Estatuto de la Oposición, Aída Quilcué, por una presunta doble militancia política en el año 2026. La demanda, presentada por Juan Carlos Calderón España, cuestiona que Quilcué haya militado ese mismo año en dos movimientos políticos diferentes, lo cual podría ser causal de pérdida de su curul legislativa.
Según el documento judicial conocido por Vanguardia, en 2022 la congresista fue elegida senadora de la República por la circunscripción especial indígena con aval del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS). Sin embargo, en el año 2026 fue registrada como fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda Castro, bajo el aval del partido Pacto Histórico, situación que daría cuenta de una doble militancia en un mismo periodo electoral.
El demandante argumenta que el partido MAIS, en calidad de movimiento político, apoyó de manera oficial la candidatura presidencial de Roy Leonardo Barreras dentro de una coalición denominada Frente Amplio, sin otorgar aval electoral ni presentar inscripción ante los organismos electorales para la fórmula Cepeda-Quilcué. Esta actuación, según la demanda, evidencia que Quilcué participó en dos campañas políticas con distintos avales en un mismo año, lo que está prohibido por la legislación electoral colombiana.
En este contexto, la demanda solicita la nulidad de la credencial de Aída Quilcué como representante a la Cámara. Además, se han pedido medidas cautelares para que se tomen acciones provisionales respecto a su investidura mientras se resuelve el proceso legal.
Quilcué alcanzó su curul en la Cámara por ser la segunda mayor votación junto a Iván Cepeda en las elecciones presidenciales recientes, y es una figura visible del Estatuto de la Oposición. No obstante, la admisión de la demanda abre un proceso judicial que podría afectar su permanencia en el Congreso.
La información fue difundida inicialmente por el periodista Arley Sánchez en medios nacionales y señala que el despacho del magistrado Pedro Pablo Vanegas es el encargado de tramitar este caso en el Consejo de Estado.
Cabe señalar que la demanda se basa en elementos formales de la legislación sobre militancia política en Colombia, la cual prohíbe que un candidato figure bajo más de un partido o movimiento en el mismo periodo electoral, para evitar la doble representación y garantizar la transparencia en las contiendas electorales.
Este caso se suma a la dinámica política y jurídica que atraviesan varios miembros del Congreso elegidos en coaliciones amplias, donde la articulación entre partidos puede traer complejidades legales sobre la representación y la militancia.
La resolución del Consejo de Estado sobre esta demanda marcará un precedente importante sobre el cumplimiento de las normas electorales y la aplicación del Estatuto de la Oposición en Colombia en un año clave para la política nacional.
ColombiaPrensa seguirá de cerca el desarrollo de este proceso judicial para informar con responsabilidad y precisión los avances y decisiones que se tomen al respecto.
Redacción ColombiaPrensa
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiaPrensa.