COLOMBIA, 14 de agosto de 2026. La Gobernación de Cundinamarca ordenó el cierre definitivo y la cancelación de la licencia de funcionamiento del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, institución educativa relacionada con la muerte de la menor Valeria Afanador, ocurrida tras su desaparición en agosto de 2025.
La decisión se basa en un proceso administrativo sancionatorio en el que se atribuyen al colegio responsabilidades por presuntas fallas en el deber de cuidado y protección de la estudiante, así como deficiencias en los protocolos institucionales para responder ante la desaparición o pérdida de ubicación de un alumno. Además, se consideraron las condiciones de seguridad del plantel y la proximidad del río Frío en sus instalaciones.
El cierre no se hará efectivo de manera inmediata, pues la Gobernación fijó que la medida se aplicará al finalizar el calendario académico 2026, permitiendo un proceso de transición para estudiantes y comunidad educativa. La rectora del colegio, Sonia Ochoa Daza, deberá presentar antes del 31 de octubre del presente año un Plan de Reubicación de Estudiantes ante la Secretaría de Educación de Cundinamarca.
Como parte del mismo proceso, la Gobernación remitió copias a la Fiscalía General de la Nación para que investigue los hechos conforme a su competencia, según reporta el medio Infobae.
Deficiencias en protocolos y vigilancia en el centro educativo
Uno de los puntos claves en la decisión administrativa fueron las deficiencias en los mecanismos de reacción de la institución ante la desaparición de un estudiante. El análisis evidenció una insuficiente estructuración de procedimientos operativos inmediatos, lo que condujo a actuaciones improvisadas y desarticuladas por parte del personal.
A pesar de que algunos funcionarios y docentes mencionaron protocolos generales para evacuaciones y emergencias, no se acreditó la existencia de una ruta concreta y específica para casos de desaparición o pérdida de estudiantes. Además, no se incorporaron protocolos institucionales para afrontar este tipo de situaciones, pese a que se trataba de un riesgo previsto dentro de las actividades educativas y de custodia.
Otro factor fue la presencia del río Frío en las cercanías del colegio, reconocido por la institución solo en términos de posible inundación de áreas recreativas, sin evaluar adecuadamente los riesgos para la comunidad educativa. Asimismo, la respuesta inicial frente a la desaparición de la menor fue catalogada como tardía, ya que no se definieron zonas de búsqueda ni se verificaron registros de video de forma inmediata para determinar áreas prioritarias.
Cuestionamientos a los mecanismos de vigilancia y supervisión
Durante la investigación, el colegio argumentó contar con un cronograma de vigilancia, personal de seguridad privada y zonas asignadas para supervisión. Sin embargo, la Gobernación concluyó que la existencia formal de estos mecanismos no garantiza el cumplimiento del deber de cuidado.
El documento señala que la menor salió de su salón antes del descanso sin que fuera detectada ni reportada, permaneciendo sola en zonas recreativas sin supervisión efectiva. El análisis se enfocó en verificar el funcionamiento real de los mecanismos de custodia y no solo su existencia formal.
Desde el fallecimiento de Valeria Afanador, el abogado de las víctimas, Julián Quintana, había planteado preocupaciones sobre las fallas en vigilancia y supervisión en el colegio. En junio de 2026, la Fiscalía imputó por homicidio culposo a dos docentes responsables de la vigilancia de la estudiante en el momento de los hechos, Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada.
La familia, representada legalmente, manifestó su inconformidad ante la exclusión de la rectora Ochoa Daza en las imputaciones, considerando que también debería responder en la investigación judicial.
Repercusiones y próximos pasos
La orden de cierre definitivo del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe representa una medida administrativa significativa tomada tras un caso que ha generado atención nacional por las presuntas fallas en la protección estudiantil y la respuesta institucional ante emergencias.
El compromiso de presentar un Plan de Reubicación y la transferencia de la investigación a la Fiscalía buscan aportar a la clarificación judicial y administrativa del caso.
La Gobernación de Cundinamarca continúa con la supervisión del cumplimiento de las disposiciones, en tanto que la comunidad educativa y afectados esperan que se establezcan responsabilidades y se implementen medidas para evitar tragedias similares en el futuro.
La fuente de esta información es Infobae, que realizó una cobertura detallada sobre el proceso administrativo y judicial relacionado con este caso.
Redacción ColombiaPrensa
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