COLOMBIA, 14 de agosto de 2026. La Sección Tercera del Consejo de Estado dictó una importante decisión en la demanda presentada por la Alcaldía de Armenia contra la Empresa de Desarrollo Urbano de Armenia Ltda (EDUA) por presunto incumplimiento en un contrato interadministrativo suscrito en marzo de 2015. El acuerdo contemplaba el desarrollo del proyecto denominado “centro cultural y turístico fase 1”, por un valor cercano a los 5.000 millones de pesos y un plazo inicial de siete meses.
Durante el proceso, el plazo de ejecución fue suspendido y prorrogado en varias ocasiones, incluida una suspensión relacionada con dificultades técnicas y aspectos asociados a la visita técnica del Ministerio de Cultura para evaluar las características del suelo. Según la Alcaldía, EDUA recibió 4.499’892.470 pesos para el desarrollo del proyecto pero solo ejecutó 803’604.773 pesos, sin justificar la inversión del anticipo, incurriendo en actividades no aprobadas por la supervisión y destinando recursos a mayores cantidades de obra sin legalización.
Decisión del Consejo de Estado
El Consejo de Estado concluyó que el contrato es “espurio en su objeto”, pues fue celebrado con un propósito que no correspondía al de la entidad ejecutora, conforme a lo exigido por el artículo 2, numeral 4, para contratos interadministrativos. De acuerdo con el alto tribunal, la EDUA actuó como un ‘contratadero’, subcontratando la ejecución de la obra sin justificar experiencia ni capacidad técnica, administrativa ni financiera para cumplir con el contrato.
En consecuencia, confirmó la nulidad del contrato y condenó a EDUA a reintegrar al municipio de Armenia un total de 12.240 millones de pesos, correspondiente a 8.254 millones de capital y 3.985 millones por intereses.
Implicaciones para la contratación pública
La decisión pone en alerta a las administraciones que emplean la figura de contratos o convenios interadministrativos con entidades que no cumplen estrictamente con sus objetos y responsabilidades. Según el abogado penalista y conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Alejandro Sánchez, este fallo llama la atención sobre prácticas irregulares de entidades estatales o fondos que contratan y luego tercerizan obras de forma indebida, incumpliendo la ley de contratación estatal (Ley 80).
El jurista explicó que si bien están permitidas ciertas subcontrataciones, la parte esencial y de mayor relevancia de la obra debe ser realizada por la entidad contratista que ha recibido los recursos. La cuota de experiencia y capacidad técnica, financiera y administrativa es clave para legitimar la ejecución de proyectos, especialmente los financiados con recursos del Sistema General de Regalías.
Sánchez advirtió que esta sentencia del Consejo de Estado también obliga a las entidades a devolver la totalidad de los recursos asignados, no solo la parte invertida, bajo la premisa de que el Estado contrata la ejecución completa de los proyectos para recibir el beneficio total planeado, como la construcción de un hospital o infraestructura pública. Por tanto, la devolución supera el monto de la obra realizada o certificada.
Repercusiones y seguimiento
Minuto60 ha destacado que esta decisión es parte de un seguimiento a entidades contratistas del Estado que a través de figuras contractuales como contratos interadministrativos desvían recursos públicos. Empresas Industriales y Comerciales del Estado, fondos mixtos y asociaciones municipales suelen formar parte de estos esquemas.
El abogado también señaló que la atención se centrará en la actuación de la Fiscalía para verificar estas prácticas irregulares en distintas regiones, tal como se ha hecho con casos como el Fondo Mixto Sierra Nevada. Este control apunta a garantizar que se cumplan los estándares estrictos para la ejecución de proyectos financiados con regalías, exigiendo experiencia certificada en el manejo y cumplimiento de tales recursos.
Finalmente, Sánchez afirmó que, dada la magnitud de la situación, podrían surgir nuevos escándalos relacionados con la contratación pública y el manejo de regalías, evidenciando la necesidad de una supervisión rigurosa y clara de las entidades que administran estos recursos.
Redacción ColombiaPrensa
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