COLOMBIA, 15 de septiembre de 2026. El Consejo Superior de la Judicatura remitió una comunicación formal al Congreso de la República alertando sobre un déficit presupuestal superior a los 6 billones de pesos para la rama Judicial en 2027, según información publicada por Valora Analitik.
El documento fue enviado el 2 de septiembre de 2026 a las Comisiones Terceras y Cuartas conjuntas del Senado y la Cámara de Representantes. En la misiva, la institución advierte una brecha significativa entre el presupuesto solicitado y el proyectado en el proyecto de ley del Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027, impactando la continuidad y fortalecimiento del servicio de justicia en Colombia.
De acuerdo con el análisis presentado por la Judicatura, para el año 2027 se solicitó un presupuesto total de $17,53 billones, mientras que el proyecto oficial solo contempla $11,43 billones, lo que configura una diferencia de $6,1 billones, equivalente al 34,8 % por debajo de las necesidades estimadas.
El apartado que genera mayor preocupación son los gastos de funcionamiento, cuya solicitud ascendió a $14,61 billones, pero el Ministerio de Hacienda solo asignó $9,91 billones, es decir $4,7 billones menos (-32,2 %). Según explica la magistrada Mary Lucero Novoa Moreno, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, allí están contempladas las obligaciones recurrentes indispensables para la operación y administración judicial.
Por otra parte, el rubro destinado al servicio de la deuda presenta una reducción del 98,8 %, pasando de un requerimiento de $1,42 billones a una asignación de apenas $17.696 millones. Esta reducción se justifica por la exclusión de recursos previstos para el Fondo de Contingencias de las Entidades Estatales, que se emplea para atender el pasivo litigioso. El componente de gastos de inversión fue el único que se mantuvo sin variaciones, conservando la asignación de $1,5 billones solicitada, lo que permitirá preservar los proyectos estratégicos planificados para 2027.
Impacto en derechos laborales y recursos funcionales
La Judicatura señala que esta brecha limita la capacidad de atender necesidades inaplazables, como el fortalecimiento de la planta de cargos judiciales, el pago del pasivo litigioso y el cumplimiento de la Ley 2594 de 2026. Esta ley reconoce la bonificación judicial como factor salarial, un compromiso recurrente que ahora se encuentra en riesgo debido a la insuficiencia de recursos de funcionamiento.
El Consejo Superior de la Judicatura advierte que el proyecto presupuestal parece desconocer mandatos legales vigentes, en particular la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, que establece que el presupuesto para gastos de funcionamiento e inversión debe equivaler al 3 % del presupuesto de rentas y recursos de capital del Tesoro Nacional, conforme al Marco Fiscal de Mediano Plazo.
Además, se invoca la Ley Estatutaria 2430 de 2024, la cual prohíbe expresamente reducir los recursos de la justicia en términos porcentuales o reales respecto a ejercicios anteriores. Según esta norma, los recursos no pueden ser inferiores en términos reales al año previo, estableciendo una regla de no regresividad que proteja el financiamiento judicial.
Consideraciones sobre el ajuste nominal y la inflación
Aunque el presupuesto propuesto para 2027 representa un incremento nominal del 4,61 % con respecto a 2026, este aumento no incorpora el ajuste por inflación proyectada para el cierre de ese año. Dado que la mayoría de los gastos operativos y las obligaciones salariales están indexadas a precios y al salario mínimo, un incremento nominal inferior a la inflación implicaría una disminución real en los recursos disponibles.
La magistrada Novoa enfatizó que esta situación podría constituir una violación directa a lo establecido en la Ley Estatutaria 2430 de 2024, lo que preocupa al sector judicial dado el impacto potencial sobre el servicio público de justicia.
Finalmente, el Consejo Superior solicitó a las Comisiones Terceras y Cuartas del Congreso una evaluación rigurosa y detallada durante el trámite del presupuesto para garantizar que los recursos asignados permitan atender las prioridades institucionales y legales de la rama Judicial en 2027.
Redacción ColombiaPrensa
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