COLOMBIA, 12 de octubre de 2026. El Consejo Superior de la Judicatura anunció la extensión hasta el 14 de diciembre de 2026 de la urgencia manifiesta, declarada inicialmente tras el sismo registrado el 10 de agosto, para facilitar la contratación de obras, bienes y servicios orientados a la reparación de sedes judiciales afectadas en varias regiones del país.
Esta medida, formalizada mediante el Acuerdo PCSJA26-12598 el 8 de octubre de 2026, tiene como propósito garantizar la continuidad del servicio de administración de justicia y salvaguardar la seguridad tanto de los funcionarios judiciales como de los usuarios. La prórroga permitirá avanzar en la recuperación de la infraestructura física, tecnológica y operativa de la Rama Judicial, seriamente impactada por el movimiento sísmico.
Según el documento oficial, un total de 110 sedes judiciales sufrieron daños debido al fenómeno natural. De estas, 21 presentaron afectaciones graves, 63 moderadas y 26 leves. La decisión de ampliar la vigencia de la urgencia manifiesta responde a solicitudes realizadas por las direcciones seccionales de Administración Judicial de Cali, Manizales, Pereira, Armenia, Quibdó e Ibagué, que requieren disponer de más tiempo para realizar contrataciones relacionadas con diagnósticos estructurales, adecuaciones locativas, reubicación de despachos y traslado de infraestructura tecnológica.
En septiembre, la corporación judicial mantuvo medidas excepcionales para los distritos de Quibdó y Pereira debido a continuos problemas de infraestructura, conectividad y acceso a las sedes afectadas. En Quibdó, el Palacio de Justicia Adán Arriaga Andrade y otras sedes en el departamento del Chocó reportaron daños significativos, además de dificultades en el suministro eléctrico y tecnológico. En Pereira, el Palacio de Justicia fue declarado inhabitable, afectando 83 despachos judiciales, secretarías y centros de servicios del distrito.
Para mitigar la afectación en estos distritos, el Consejo implementó despachos de apoyo itinerante en ciudades como Arauca, Barranquilla y Valledupar, que han permitido atender procesos judiciales urgentes como tutelas, hábeas corpus y audiencias de control de garantías. Además, el trabajo en casa para los funcionarios judiciales de estas sedes se mantendrá habilitado hasta el 31 de diciembre de 2026, conforme al Acuerdo PCSJA26-12601, autorizado por los nominadores y con concepto favorable del Consejo Seccional de la Judicatura.
Aunque la mayoría de las dependencias afectadas ya han restablecido la prestación presencial del servicio de justicia, aquellas que aún no pueden retornar a la presencialidad operan bajo un esquema híbrido que combina el trabajo en casa con la atención directa. Algunas sedes han sido trasladadas temporalmente para asegurar la operación continua de tareas judiciales.
Por otro lado, el Gobierno Nacional, dos meses después del evento sísmico de magnitud 7,4 que dejó un saldo de 335 personas fallecidas, más de 4.500 heridas y 103 desaparecidas, puso en marcha el Fondo Milagro con un billón de pesos iniciales. Este fondo administrará recursos públicos y privados destinados a la reconstrucción de viviendas, colegios, hospitales, vías y acueductos en las zonas afectadas. El presidente Abelardo De la Espriella formalizó la operación del fondo el 7 de octubre de 2026.
Esta prórroga otorgada por el Consejo Superior de la Judicatura representa un paso importante para la recuperación integral y la prestación eficiente del servicio de justicia en las regiones dañadas, reafirmando el compromiso de la Rama Judicial con la comunidad y la estabilidad institucional.
Redacción ColombiaPrensa
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