COLOMBIA, 3 de noviembre de 2026. Durante la administración del expresidente Gustavo Petro se creó un consulado colombiano en Tijuana, México, que nunca entró en funcionamiento, pero que generó gastos superiores a los 500 millones de pesos y dejó deudas pendientes para el Estado colombiano. Este consulado fue establecido formalmente en noviembre de 2024 mediante el Decreto 1405, firmado por el entonces canciller Luis Gilberto Murillo, sin embargo, a casi dos años de su creación, nunca abrió sus puertas ni prestó servicios para los colombianos residentes en esa zona.
Según una investigación revelada por Caracol Radio, el consulado generó gastos principalmente en pagos de salarios y arrendamiento de sede. Maryory Ecinedth Pabón Gavilán fue nombrada cónsul en enero de 2026 bajo la gestión de la entonces ministra de Relaciones Exteriores Rosa Villavicencio. Recibió un salario mensual aproximado de 14.700 dólares, equivalentes a cerca de 47 millones de pesos, entre el 20 de enero y el 30 de octubre del mismo año, acumulando pagos que sobrepasaron los 153.000 dólares, sumado a cerca de 20.300 dólares adicionales por viáticos y transporte de menaje doméstico.
Adicionalmente, el consulado generó obligaciones financieras por el arrendamiento de una oficina ubicada en el edificio Torela Corporativo, zona Dorada de Tijuana, que nunca fue utilizada para funciones consulares. La Embajada de Colombia en México informó que el contrato de arrendamiento carecía de asignación presupuestal para su pago. También se registran cuentas pendientes con proveedores responsables de la adecuación del inmueble y del diseño de imagen institucional.
El nombramiento de Pabón ha suscitado cuestionamientos, debido a que previamente fue designada como cónsul en Calgary, Canadá, pero su autorización fue anulada en abril de 2025 por incumplimientos relacionados con la carrera diplomática y la disponibilidad de funcionarios de carrera para ocupar cargos.
El actual Gobierno, presidido por Abelardo de la Espriella y con el Ministerio de Relaciones Exteriores bajo la dirección de Omar Bula, tomó conocimiento de esta situación y el 27 de agosto puso en conocimiento los hechos a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación para la correspondiente investigación de las presuntas irregularidades.
Como resultado, se ha tomado la decisión de cancelar el proyecto del consulado en Tijuana y se encuentra en proceso la verificación de los montos que deberán cubrirse por parte del Estado debido al incumplimiento contractual y gastos derivados de un consulado que jamás operó.
Este caso se suma a otras controversias administrativas y políticas durante el mandato de Gustavo Petro, las cuales han sido objeto de seguimiento por parte de los organismos de control y la opinión pública. La investigación se encuentra en curso y las autoridades competentes continúan evaluando las responsabilidades administrativas y legales relacionadas con esta situación.
Redacción ColombiaPrensa
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