COLOMBIA, 25 de julio de 2026. La Contraloría General de la República reportó hallazgos fiscales por un valor total que supera los $14.511 millones, tras realizar auditorías financieras en el primer semestre de 2026 a las empresas de energía de los departamentos de Huila, Meta y Nariño.
En detalle, la revisión a ElectroHuila evidenció hallazgos fiscales por $7.274 millones, los cuales se derivan principalmente del pago de multas por prácticas anticompetitivas que fueron impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y que suman $6.089 millones. Además, se identificaron deficiencias graves en la calidad del servicio, reportadas por la Superintendencia de Servicios Públicos, con un valor asociado de $1.160 millones.
Respecto a la Electrificadora del Meta, la Contraloría encontró hallazgos fiscales por $5.813 millones originados en sanciones por fallas técnicas y administrativas relacionadas con proyectos de expansión de infraestructura eléctrica, incluyendo las iniciativas Santa Helena y Catama. Sumado a esto, se detectaron multas por una gestión ineficiente que incrementaron el total de detrimentos.
Según el informe de la Contraloría, “ante el incumplimiento de las obligaciones adquiridas por la electrificadora, a través de los proyectos de expansión del Sistema de Transmisión Regional, la entidad pagó un gasto injustificado, configurándose un detrimento patrimonial al Estado, derivado de una gestión fiscal ineficiente de los funcionarios responsables de la administración, control y manejo de los proyectos de la sociedad”.
Adicionalmente, el ente de control encontró en Centrales Eléctricas de Nariño hallazgos por $1.424 millones. Estas irregularidades fueron asociadas a la aplicación de métodos no autorizados para el cobro del consumo de energía a más de 327.000 usuarios durante la emergencia sanitaria generada por la pandemia. También se reportó el pago de $350 millones correspondientes a un contrato que no cumplió con la entrega de productos pactados, situación atribuida a la falta de supervisión.
Estos hallazgos fiscales ponen de manifiesto fallas en la gestión administrativa y financiera de las empresas de energía involucradas, lo que genera preocupaciones respecto a la regulación, supervisión y transparencia en la prestación del servicio público esencial en estas regiones del país.
La Contraloría continúa con los procesos de auditoría y seguimiento para asegurar la correcta utilización de los recursos públicos y la efectiva prestación de servicios, aspectos fundamentales para el bienestar de los ciudadanos y el desarrollo regional.
Redacción ColombiaPrensa
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