COLOMBIA, 20 de octubre de 2026. La Contraloría General de la República emprendió un proceso de responsabilidad fiscal ante la presunta pérdida de más de 3.000 millones de pesos en un proyecto destinado a la recuperación de arrecifes coralinos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La decisión se adoptó tras una denuncia presentada por el presidente Abelardo De La Espriella, quien visitó la isla recientemente y alertó sobre irregularidades en la gestión pública local.
El contralor general Jorge Eliécer Laverde Vargas informó que esta investigación es independiente de las pesquisas abiertas por la Fiscalía, que desde 2020 tiene 33 noticias criminales activas relacionadas con posibles hechos de corrupción que involucran a los últimos cinco gobernadores de la isla. Además, para este caso ambiental se nombró un grupo especial que busca identificar a los responsables.
Según el comunicado de la Contraloría, el proceso fue motivado por el hallazgo de un daño patrimonial estimado en más de 3 mil millones en el proyecto para la recuperación de los arrecifes afectados por la enfermedad de pérdida de tejido de coral pétreo. Este proyecto fue financiado con recursos del Sistema Nacional Ambiental y desarrollado bajo un contrato firmado entre la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés (CORALINA), el Escudo Ambiental de Colombia y la Asociación de Municipios de la Costa.
Por el presunto detrimento fiscal, la Contraloría vinculó como posibles responsables a varios servidores y exservidores públicos involucrados en la planeación, supervisión, ejecución, control y liquidación del contrato, así como al representante legal de la entidad contratista ligada al desarrollo del proyecto, señaló Laverde Vargas. La entidad continuará ejecutando acciones de control para garantizar la protección de los recursos naturales de la región, en especial el ecosistema coralino, reconocido como patrimonio natural fundamental para la economía y la conservación ambiental del archipiélago.
Esta actuación se suma a otras denuncias realizadas por el presidente De La Espriella, quien durante su visita el 16 de octubre expuso varias irregularidades en la operatividad del Hospital Departamental de San Andrés, incluyendo la existencia de equipos médicos deteriorados almacenados en condiciones inadecuadas y contratos cuestionados, como uno que pagaba 60 millones de pesos mensuales por servicios de fotocopiado. En respuesta, pidió conformar un equipo encargado de revisar las contrataciones en esa entidad.
La Fiscalía, por su parte, reafirmó el compromiso de investigar a fondo las denuncias de corrupción en el territorio insular, con un equipo especializado y múltiples procesos en curso, mientras que la Contraloría se mantiene vigilante para asegurar el adecuado uso de los recursos públicos y el respeto a los ecosistemas locales.
Este caso pone nuevamente en el foco la gestión administrativa y ambiental en San Andrés, un territorio con importancia estratégica ecológica y cultural para Colombia. La vigilancia y acciones correctivas de los organismos de control son esenciales para fortalecer la gobernanza y transparencia en la isla.
Redacción ColombiaPrensa
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