COLOMBIA, 30 de julio de 2026. La Contraloría General de la República inició una investigación por posibles faltas disciplinarias en una operación de canje de bonos TES realizada en octubre de 2025, la cual habría incrementado los costos financieros de la deuda pública colombiana a largo plazo. Esta auditoría concluyó que la transacción priorizó la mejora de la liquidez de corto plazo a costa de mayores intereses futuros, trasladando cargas significativas a administraciones venideras.
Según informó Bloomberg el 28 de julio, la Contraloría remitió el caso a la Inspección General de la República para que evalúe posibles sanciones disciplinarias. El organismo de control consideró que la operación, que implicó un intercambio de instrumentos de deuda con cupones en promedio mucho más altos, si bien cumplió con las normas de gestión de la deuda, tuvo un impacto fiscal adverso a largo plazo por el aumento substancial en los costos de intereses.
El Ministerio de Hacienda canjeó 43,4 billones de pesos en bonos TES por 35,4 billones en nuevos títulos, reduciendo nominalmente la deuda interna en aproximadamente 8 billones de pesos. Esta operación buscaba mejorar el perfil de vencimientos y mitigar riesgos de refinanciación. Sin embargo, los nuevos bonos ofrecieron cupones entre 11,75% y 12%, frente al 7,25% previo, lo que aumentó el servicio anual de intereses en cerca de 316.500 millones de pesos.
La Contraloría advirtió que este tipo de operaciones, al posponer obligaciones fiscales y acumular intereses más altos, afectan negativamente la sostenibilidad fiscal de Colombia. Además, cuestionó la práctica reiterada de convertir títulos de corto plazo en deuda de largo plazo, transformando instrumentos originalmente destinados a liquidez temporal en financiamiento permanente con mayor costo financiero.
El gobierno encabezado por el presidente Gustavo Petro ha empleado varias estrategias de gestión de deuda para reducir presiones financieras en medio de altos déficits fiscales y condiciones de mercado complejas. Estas medidas, dirigidas por el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, incluyen una operación previa para el intercambio de francos suizos que generó debate público. No obstante, la auditoría no menciona directamente a Cuéllar en relación con el caso actual.
El Ministerio de Hacienda rebatió las críticas de la Contraloría, defendiendo que la operación logró extender los plazos de vencimiento y reducir riesgos. Afirmó que los mayores cupones reflejaban las condiciones de mercado y que emitir bonos con tasas artificialmente bajas habría obligado a venderlos con mayores descuentos, incrementando la deuda nominal total. Además, el ministerio señaló que la evaluación de la operación se centró en los pagos de cupones sin considerar la estrategia global de gestión de cartera.
Por su parte, la Contraloría sostuvo que las decisiones en materia de deuda deben valorarse también por su impacto en el servicio de la deuda y en la sostenibilidad fiscal a largo plazo, además de los beneficios inmediatos en liquidez.
Este caso plantea importantes interrogantes constitucionales sobre el traslado de costos financieros a futuros gobiernos y podría sentar precedentes en la supervisión de la gestión de la deuda pública en Colombia. La Inspección General actualmente evalúa las posibles faltas disciplinarias derivadas de esta operación, conforme a las conclusiones de la auditoría que da prioridad al análisis de la dimensión intertemporal fiscal.
Hasta el momento, ni el Ministerio de Hacienda, ni el director de Crédito Público ni la Fiscalía General han emitido comentarios oficiales sobre esta investigación.
Redacción ColombiaPrensa
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